El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este jueves una enmienda, que tiene muchas posibilidades de aprobarse porque solo cuenta con el voto en contra del PSOE, obligaría a Aena a rebajar las rentas que cobra por los alquileres de locales en los aeropuertos para ajustarlas a la caída de la actividad como consecuencia de la extensión de la pandemia de coronavirus. El presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), Manuel Zea, acusa directamente a los socialistas de defender los intereses de los fondos de inversión TCI y Black Rock, los accionistas privados más importantes de la empresa pública gestora de aeropuertos españoles.
El presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA), Manuel Zea, señala que la aprobación de la enmienda «sería un alivio para la mediana y pequeña empresa» y «facilitaría la recuperación de puestos de trabajo junto a la generación de ingresos tanto para Aena como para los operadores».
Señala que más del 70 % de las empresas que trabajan en ese entorno son pequeñas y medianas empresas familiares, aunque sólo representan el 15 % del volumen del negocio comercial.
Zea critica la posición del PSOE, que «defiende» a los grandes inversores y «olvida» que el 49 % de las acciones de Aena están en manos de inversores privados, de los que los dos principales accionistas, tras Enaire, son los fondos de inversión TCI y Black Rock.
Aena defiende la subida de los alquileres criticada por los comerciantes
La opinión de Aena, una empresa pública en el 51% y el otro 49% en manos de fondos de inversión como TCI y Black Rock, que, como es lógico, solo van a defender maximizar su inversión, es totalmente radical. Fuentes jurídicas de Aena entienden que la aprobación supondría «una quiebra de la seguridad jurídica y una expropiación legislativa» porque privaría de la tutela judicial al gestor, que debería renunciar a los acuerdos alcanzados o a las resoluciones judiciales favorables a costa de sus accionistas. Eso, sin embargo, es algo que no debería importarle al Gobierno ni al PSOE, porque lo acaba de hacer en el sector eléctrico, mermando la rentabilidad de centrales, hidráulicas o nucleares que no emiten CO2 a la atmósfera.
La enmienda, incluida en el proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, ya fue aprobada en el Senado -con la oposición del PSOE- y ahora debe pasar por el Congreso para su revalidación, o no, definitiva.
Aena defiende que ofreció rebajas en 2020 y 2021 de lo que se denominan Rentas Mínimas Garantizadas Anuales (RMGA) por 800 millones de euros pero los inquilinos, sobre todo los grandes, quieren mayores descuentos.
Según los datos del propio gestor, de los 120 operadores comerciales que trabajan en los aeropuertos 90 -sobre todo pequeños comercios- han aceptado la propuesta, lo que supone el 70 % del total de contratos afectados.
Mientras, los operadores más grandes -como Dufry, Áreas 2021 o SSP- no se han avenido a aceptar las condiciones ofrecidas por el gestor y han judicializado el proceso.
Las mismas fuentes de Aena señalan que, si se aprueban los términos de la enmienda, los inversores pueden reclamar la intervención de distintas instancias europeas para evitar una disposición que distorsiona el mercado en beneficio de unos pocos operadores y no descartan que incluso puede ser inconstitucional.