REE ha adjudicado 2.600 MW a las grandes industrias como compensación para desconectarse del sistema. Los consumidores abonarán otros 275,2 millones de euros a estas empresas para que a cambio se desconecten del sistema si es necesario. El coste a los usuarios roza ya los 5.000 millones en los últimos 11 años.
Las subastas de interrumpibilidad para el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2018 se han cerrado con la asignación de un total de 345 lotes, con una potencia 2.600 megavatios (MW), ha informado hoy Red Eléctrica de España (REE). Del total de los lotes adjudicados en las subastas celebradas entre el 21 al 23 de mayo y en las que participaron 123 pujadores, 25 son de 40 MW y 320 de 5 MW.
Los pagos por interrumpibilidad bonifican a las empresas que están dispuestas a desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad y, desde 2014, se reparten mediante subastas en las que los distintos lotes se adjudican a las empresas que presentan las pujas más competitivas. Este sistema que apenas se utilizada ha costado ya más de 5.000 millones a los usuarios, ya que estos costes se reflejan en la factura de la luz.
En esta subasta se han destinado bloques de 40 MW frente a los 90MW anteriores. El cambio obedece a una modificación del Ministerio de Energía, dirigido por Álvaro Nadal, para intentar incrementar la competencia en la subasta, como lleva exigiendo la CNMC en el último año. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia criticaba además el alto coste de las subastas, aunque éste se ha reducido.
El precio de adjudicación es de 174.174 euros por megavatio y año para los lotes de 40 MW y de 63.168 euros para los de 5 MW. La media se sitúa, según ha comunicado REE, en los 105.863 euros por megavatio y año. Los precios de salida fijados por la Secretaría de Estado de Energía en la resolución del 19 de abril del 2018 fueron de 200.000 euros por megavatio y año para los productos de 40 MW, y de 150.000 para los de 5 MW.
Desde hace 11 años, ños consumidores eléctricos españoles pagan a través de la factura estos costes que se realizan a las grandes industrias, como Alcoa. El sistema garantiza que las grandes fábricas dejarán su actividad en caso de que existan fuertes picos de demanda, que apenas han aparecido en los últimos años, y paliarían el problema de suministro. Ahora, Nadal ha incluido la premisa de que paren en caso de que el precio se dispare.
Desde 2008, los consumidores han pagado ya más de 5.000 millones por un sistema que apenas se ha utilizado y que engrosa los beneficios de estas grandes industrias y de las eléctricas.
