La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha criticado en un duro informe la regulación del sistema de interrumpibilidad, al que se acogen grandes empresas, como Alcoa o Arcelor, diseñado por el Ministerio de Energía, dirigido por Álvaro Nadal.
Estas grandes empresas han percibido cerca de 1.500 millones de euros por su disponibilidad para desengancharse de la red en caso de emergencia, una situación que aún no ha ocurrido y que está lejos de producirse cuando el Gobierno se ha arrogado la potestad de dar luz verde al cierre de plantas eléctricas, como las de carbón o nucleares.
Un sistema que encarece en 20 euros la factura anual de los consumidores
Esta práctica indice directamente en la factura de los consumidores, en concreto en 20 euros, hasta los 1.500 millones en conjunto. Las compañías acogidas a este sistema amenazan con marcharse de España en caso de no percibir las cantidades, por lo que si Energía decidiera reconsiderar su orden ministerial, que se llevará este viernes al Consejo de Ministros, podría provocar el cierre de plantas industriales y un incremento del paro. Solo Alcoa, el gigante del aluminio mundial, tiene 2.200 puestos de trabajo en España.
Con estos pagos, se ahorran un fuerte montante en la factura eléctrica, eso sí, a costa de los consumidores, que ven como el precio de la luz vuelve a dispararse y alcanzar máximos anuales. Desde 2008, la factura ha subido un 50%. La CNMC ha exigido en el informe publicado este jueves corregir estos los fallos de este sistema, que han supuesto ya un desembolso de 1.500 millones. En concreto, según datos de REE, se alcanzaron los 352 millones en 2015, otros 503 millones para 2016, 524,85 millones para 2017. Las subastas se realizan en el año precedente. De esta forma, los consumidores pagan unos 20 euros por el recibo anual de la luz.
La CNMC hace hincapié «sobre la adecuación del requerimiento de consumo interrumpible a las necesidades del sistema eléctrico, se considera que no está justificado el cálculo de las necesidades de potencia interrumpible, tanto para garantizar la cobertura de la punta de demanda como para aportar respuesta rápida en situaciones de emergencia (seguridad zonal), tal y como ha demostrado el reducido uso de este servicio». En concreto sobre la investigación realizada por la Comisión Europea sobre varios países por hacer uso de este sistema por si pudieran ser constitutivos de ayudas de Estado.
REE debe justificar el diseño de las subastas y su metodología
«El operador del sistema debería desarrollar una metodología de necesidades de cobertura, en lugar de introducir la consideración del volumen de interrumpibilidad como un dato de partida en el análisis de cobertura y no como una variable resultante del cálculo efectuado», afirma la CNMC sobre REE en su informe. «Esta metodología debería, entre otras consideraciones, dar un valor a la contribución de la interconexión a la cobertura de la demanda, que en el escenario actual tiene un valor cero, o evaluar la existencia de posibles alternativas, especialmente en el caso de emergencias zonales», ha destacado.
Según los cálculos de la CNMC, el coste estimado de esta subasta está entre los 504.000 y los 660.000 euros, «muy superior al coste de organización de las diferentes subastas eléctricas y gasistas celebradas en España», cuyo montante se estima entre los 75.000 y 205.000. Adicionalmente, a este coste de organización se sumaría que el desarrollo de las subastas se puede prolongar desde las 9:00h a las 20:00h durante cinco días, por lo que los costes directos y de oportunidad de asistencia de los pujadores al sitio de la subasta no son tampoco despreciables.
Con respecto al producto, se ha señalado en numerosas ocasiones que las subastas del producto de 90 MW, son particularmente susceptibles de problemas de competencia, en tanto que el número de proveedores y su presión competitiva fueron reducidos en las subastas anteriores. En particular, la CNMC ha advertido en informes anteriores sobre este mecanismo por la escasa presión competitiva en la subasta de 90 MW, la oportunidad de mayor desagregación de productos o la necesidad de permitir agregaciones de los proveedores de 5MW. En este sentido, la Comisión Europea «también se ha pronunciado indicando que el definir un determinado umbral para poder proveer un servicio puede suponer una barrera a la entrada para pequeños proveedores, más cuando no se permite la agregación como es el caso de España«.
Como conclusiones, la CNMV señala:
Primera.- Con el fin de aportar la mayor estabilidad posible al marco regulatorio actual, esta Sala considera que la revisión del mecanismo de interrumpibilidad y de capacidad debe abordarse lo antes posible.
Segunda.- En el futuro mecanismo de interrumpibilidad el operador del sistema debería desarrollar una metodología de necesidades de cobertura, en lugar de introducir la consideración del volumen de interrumpibilidad como un dato de partida en el análisis de cobertura. Asimismo, se aconseja simplificar el diseño de las subastas y aumentar la presión competitiva en la subasta de 90MW, bien desagregando el producto, bien permitiendo agregaciones de los proveedores de 5MW.
Tercera.- Esta Sala valora positivamente que se modifiquen los criterios de activación económica para que se haga mayor uso del mecanismo, lo que supondrá una reducción del coste del servicio. Asimismo, en este momento, en el que se está planteando fomentar el uso del servicio por criterios económicos a través de los servicios de ajuste, se reitera la necesidad de incluir en el P.O.9 de la publicidad de información sobre asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad, con un grado de agregación y periodicidad tal que aporte información relevante sobre la utilidad del servicio, de forma equivalente a la proporcionada sobre los servicios de ajuste del sistema.
Cuarta.- En cuanto a la exclusión transitoria de las centrales hidráulicas del ámbito de aplicación del servicio de disponibilidad, y sin necesidad de entrar a valorar la consistencia de la justificación ofrecida al efecto (particularmente en el caso de las centrales de bombeo puro, cuyo despacho, por las propias características técnicas de estas centrales, está más ligado a la variabilidad de los precios en el mercado que a la disponibilidad del recurso hidráulico), esta Sala considera oportuno abordar una revisión completa del servicio de disponibilidad, evitando medidas parciales y/o transitorias que limiten en el tiempo revisiones que reclaman permanencia (si bien por razones distintas de las aducidas en la propuesta objeto del presente informe) o excluyan o preserven de dicha revisión a otras tecnologías de generación que, en lo concerniente al servicio de disponibilidad, la ameritan igualmente. A tal efecto, cabe recordar que la Comisión Nacional de la Energía ya elaboró en diciembre de 2012 una Propuesta del mecanismo por el que se establece el servicio de garantía de suministro, que puede servir de base para afrontar dicha reforma.
Quinta.- La aprobación y publicación, con carácter previo a la evacuación de este informe, de la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, de 11 de octubre de 2017, por la que se aprueba el calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad condiciona –y por ello mismo menoscaba- la función como órgano consultivo de esta Comisión recogida, con carácter general, en el artículo 5.2 de la Ley 372013, de 4 de junio, de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.