La cláusula de la responsabilidad patrimonial del Estado incluida en los contratos de las autopistas de peaje se hará efectiva y los españoles correrán con los gastos, cifrados oficialmente por el Gobierno en 2.000 millones de euros.
La cifra admitida ya por el Gobierno contradice las declaraciones del Ejecutivo sobre el rescate de las autopistas. La ex ministra de Fomento y presidenta del Congreso, Ana Pastor, aseguró en 2013 que «la solución para las autopistas no costará un euro al ciudadano». No obstante, el pago de esos 2.000 millones se realizará una vez liquidadas las autopistas de peaje en quiebra, y que se prevé que reviertan al Estado entre enero y abril de 2018. Esta partida correrá a cargo de los Presupuestos del próximo año, según el documento remitido por el Gobierno a Bruselas en la noche de este pasado lunes. El pago se abonará una vez se inicie el próximo ejercicio. «Se está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en los próximos años, lo que generará ingresos futuros», asegura el Gobierno de Mariano Rajoy a Bruselas.
El importe estimado para el rescate de las autopistas de peaje es sensiblemente inferior a los 5.500 millones de euros que exige la patronal, por lo que no se descarta que haya una batalla judicial. Según las cifras que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros -inversión pendiente de amortizar-, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones. En su informe de fiscalización de las Cuentas del Estado de 2015, el Tribunal de Cuentas (TC) estimó que, en ese momento, la RPA máxima a pagar era de 3.718 millones de euros.
El Gobierno afirmó que no iba a costar un euro a los españoles
A comienzos de octubre, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte (Seittsa) licitó dos contratos de servicios para la elaboración de algunos de los estudios previos necesarios para dicha relicitación. Esos contratos incluyen estudios de demanda, de tarifas y de viabilidad económico-financiera de las nueve autopistas en quiebra y gestionadas por 8 concesionarias y que pasará a gestionar Seittsa entre enero y abril del próximo año.
Se trata de las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5 (la R-3 y la R-5 son gestionadas por la misma concesionaria), la M-12 (Eje Aeropuerto), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-7 (Cartagena-Vera) y la Circunvalación de Alicante.
En julio, el Consejo de Ministros autorizó la firma de un convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y Seittsa para que la empresa pública pudiera hacerse con esas autopistas de peaje hasta su nueva adjudicación.
Según la cuenta de pérdidas y ganancias incluida en un anexo del convenio, el Gobierno prevé que estas vías generen el año que viene un beneficio neto de 34,3 millones y logren unos ingresos por peajes de 93,4 millones.
La idea es que la reversión al Estado y la nueva adjudicación se produzcan en el mismo año para que su impacto en el déficit sea mínimo, ya que, al realizarse dentro del mismo ejercicio, el ingreso procedente de la licitación restaría en el déficit.