El Ministerio de Fomento espera ritmos de crecimiento en las autopistas de peaje quebradas muy altos de cara a la adjudicación de las autopistas quebradas. Espera ingresar 1.000 millones, 2.000 menos que el coste del rescate.
En las licitaciones de estas autopistas se falló precisamente en este cálculo, motivo por el que quebraron. Ahora espera que el ritmo de aumento del tráfico registrado en los últimos años, bajo el paraguas de la recuperación, se prolongue en el tiempo. En concreto, han crecido en los últimos tres años entre el 5% y el 8,6%, con picos que rondan el 10%. No obstante, vienen de un fuerte desplome derivado de la crisis económica. La adjudicación se realizará en el mes de marzo y conllevará unas pérdidas mínimas de 2.000 millones de euros, ya que tendrá que pagar cerca de 3.600 millones por la activación de la cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado, que previsiblemente se dirimirá en los tribunales.
La nueva adjudicación se realizará en dos grandes lotes. En ellos se incluirá la R-2, R-3, R-4 y R-5, la AP-36 Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante y el Eje-Aeropuerto. Será en marzo cuando el Gobierno vuelva a tener la titularidad de las autopistas, que volverán a licitarse por un precio de 1.000 millones de euros, una cuantía muy inferior a la que se va a pagar por el rescate.
Por las autopistas de peaje quebradas circulan ahora 4.200 vehículos diarios, según los últimos datos, un incremento muy significativo en la última parte del año pasado, con subidas del 9%. El montante de la licitación es muy inferior al que se llegó a alcanzar en 2007, en los inicios de la crisis financiera, cuando consumidores y empresas aún no sufrían los efectos. No obstante, según las fuentes de Fomento consultadas por El Mundo, se espera que el tráfico vuelva de nuevo a los niveles de 2007, es decir, un aumento del 50% respecto al nivel actual y una cifra solo alcanzada con una macroburbuja inmobiliaria, «demasiado optimista» para fuentes del mercado consultadas por Intereconomía.com, aunque no descartan que se pueda lograr este objetivo si la recuperación económica se acelera. Eso sí, advierten que el ritmo de crecimiento de la economía se está ralentizando.
Una licitación en dos lotes, con pérdidas para los contribuyentes
El objetivo son 1.000 millones de euros por los dos lotes, superior a las previsiones iniciales, fijadas en 700 millones. Con este importe se compensará parte de la factura de la polémica cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que aún se estudia si será incluida en el nuevo pliego.
La cláusula de la responsabilidad patrimonial del Estado incluida en los contratos de las autopistas de peaje se hará efectiva y los españoles correrán con los gastos, cifrados oficialmente por el Gobierno en 2.000 millones de euros.
La cifra admitida ya por el Gobierno contradice las declaraciones del Ejecutivo sobre el rescate de las autopistas. La ex ministra de Fomento y presidenta del Congreso, Ana Pastor, aseguró en 2013 que “la solución para las autopistas no costará un euro al ciudadano”. No obstante, el pago de esos 2.000 millones se realizará una vez liquidadas las autopistas de peaje en quiebra, y que se prevé que reviertan al Estado entre enero y abril de 2018. Esta partida correrá a cargo de los Presupuestos del próximo año, según el documento remitido por el Gobierno a Bruselas en la noche de este pasado lunes. El pago se abonará una vez se inicie el próximo ejercicio. “Se está trabajando para poder llevar a cabo la relicitación de dichas autopistas en los próximos años, lo que generará ingresos futuros”, asegura el Gobierno de Mariano Rajoy a Bruselas.
El importe estimado para el rescate de las autopistas de peaje es sensiblemente inferior a los 5.500 millones de euros que exige la patronal, por lo que no se descarta que haya una batalla judicial. Según las cifras que maneja la patronal Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros -inversión pendiente de amortizar-, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones. En su informe de fiscalización de las Cuentas del Estado de 2015, el Tribunal de Cuentas (TC) estimó que, en ese momento, la RPA máxima a pagar era de 3.718 millones de euros.
El Gobierno afirmó que no iba a costar un euro a los españoles
A comienzos de octubre, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte (Seittsa) licitó dos contratos de servicios para la elaboración de algunos de los estudios previos necesarios para dicha relicitación. Esos contratos incluyen estudios de demanda, de tarifas y de viabilidad económico-financiera de las nueve autopistas en quiebra y gestionadas por 8 concesionarias y que pasará a gestionar Seittsa entre enero y abril del próximo año.