Tres analistas de Seguridad de Repsol que han testificado este miércoles por el presunto espionaje que la petrolera habría encargado al excomisario José Villarejo han dicho que los informes remitidos por éste contenían información pública y eran manifiestamente mejorables.
Ante el titular del juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, han comparecido este miércoles Blas Pérez, Juan Carlos Dorisco y Santiago Cuadro, los tres en calidad de testigos. Según han indicado fuentes jurídicas, el primero en declarar, Blas Pérez, ha señalado que los asuntos de seguridad corporativa los llevaban sus superiores, el jefe de seguridad de la petrolera, Rafael Araujo, y su «número dos», Rafael Girona, ambos imputados en la causa.
Pérez ha asegurado que en el momento de los hechos que se investigan, 2011 y 2012, no sabía quién era Villarejo ni si estaba en activo o en excedencia, ni estaba al tanto de que Repsol hubiera contratado a Cenyt, la empresa vinculada al excomisario. Lo que sí ocurrió es que en alguna ocasión Araujo y Girona le pidieron que analizara la calidad de la información contenida en documentos proporcionados por Cenyt, que la mayoría de las veces procedía de registros públicos o de Google, por lo que eran informes «manifiestamente mejorables» que incluían «incoherencias e inconsistencias».
Ha negado que tuviera conocimiento de operaciones de seguimiento o de tráfico de llamadas, y ha indicado que en dichos documentos no se hacía referencia alguna al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño, alias «El Gordo» y hombre de máxima confianza de Villarejo. A continuación han declarado Juan Carlos Dorisco y Santiago Cuadro, ninguno de los cuáles trabajaba en Repsol en el momento de los hechos, y ambos han afirmado que no supieron de la existencia de de Cenyt hasta 2018, momento en el que comenzaron a publicarse en los medios de comunicación noticias sobre Villarejo. Su papel se limitó a recopilar documentos, como facturas y otros, que posteriormente se incluyeron en los informes de cumplimiento normativo de Repsol.
Lo que investiga la Audiencia Nacional es la contratación por parte del presidente de Repsol, Antonio Brufau, de la empresa de Villarejo presuntamente para investigar el movimiento de la constructora Sacyr y Petróleos Mexicanos (Pemex) contra la petrolera, algo que habría puesto en conocimiento de uno de los principales accionistas, la Caixa, sin que esta interviniera en la contratación. Tanto Antonio Brufau como Isidro Fainé, que entonces presidía la entidad bancaria, han sido imputados por un presunto delito de cohecho.
