Más de mil taxistas protestan en Sol frente a la sede del Gobierno regional, una concentración que estaba autorizada. Pero más tarde han marchado por la calle Alcalá hacia el Palacio de los Deportes, donde se celebra un acto del PP, sin que la Policía impida la ocupación ilegal de las calles por orden del Gobierno. Esa dejación del Ejecutivo de Sánchez esta también detrás de todo este conflicto.
Más de un millar de taxistas se han concentrado este lunes por la tarde en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para exigir una regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
Los participantes en la protesta han pedido la dimisión del presidente regional, Ángel Garrido, y han coreado consignas como «Ni un paso atrás», «Somos taxistas, no terroristas», «En esta historia, hay puertas giratorias» o «Más regulación, menos corrupción».
En la concentración han ondeado banderas de distintas regiones como Andalucía, Asturias, el País Vasco o la Comunidad Valenciana, desde las que se han desplazado taxistas para apoyar las movilizaciones de sus compañeros en Madrid.
Junto al kilómetro cero de las carreteras nacionales radiales, los taxistas también han tocado pitos y bocinas y han tirado petardos y bengalas.
Más tarde, y ya sin autorización de la Delegación del Gobierno, han tomado la calle Alcalá, bloqueándola, al igual que la plaza de Cibeles, provocando el caos en el tráfico en el centro de Madrid y todo ello sin la intervención de la Policía por orden de la Subdelegación del Gobierno, más que nada porque los manifestantes marchan. o así creían ellos, hacia un acto electoral del PP que se celebra en el Palacio de Deportes, aunque en realidad se trata de un acto sobre el holocausto donde participan algunos populares, pero que no siquiera era en el Palacio de Deportes.
La dejación del Gobierno en este conflicto entre taxistas y VTC no es nueva. El ministro Ábalos se lo quitó de encima traspasando las competencias a la comunidades autónomas, en vez de enfrentar con valentía política una ley para todo el territorio nacional. Ahora, el Gobierno se vuelve a lavar las manos y dice que el problema no es suyo.