El Gobierno venezolano prorroga por sexta vez el estado de emergencia económica que le da vía libre para disponer libremente de bienes y mercancias de empresas privadas. La compañías dle Ibex 35 más afectada es Repsol.Venezuela lleva más de un año en «emergencia económica» después de que el Gobierno prorrogará por sexta vez consecutiva un estado de excepción constitucional para encarar la crisis del país, informó hoy el Ministerio de Información.
La medida, por un plazo de 60 días, fue prorrogada por las circunstancias «extraordinarias en el ámbito social, económico y político» que afecten el orden constitucional «la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República», indicó el Ministerio en un comunicado.
El instrumento «ayudará al Ejecutivo nacional a continuar la adaptación de las medidas necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y preservar el orden interno y garantizar el acceso oportuno a los bienes y servicios esenciales», añadió.
Maduro se autoconcede por sexta vez consecutiva el poder absoluto sobre el Parlamento, empresas y divisas con este decreto de emergencia económica
La declaración de emergencia económica permite al Gobierno de Nicolás Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera. Una de las empresas españolas más afectadas por este medida es la petrolera Repsol, que tiene en ese país una exposición patrimonial de casi 2.300 millones de euros.
El decreto fue puesto en marcha desde el 14 de enero de 2016 pese a la desaprobación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora.
Desde que se emitió el decreto y en las cinco extensiones anteriores el Legislativo ha argumentado que la norma desconoce la Constitución y no aborda la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, además de la inflación galopante.
En su lugar, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado en todas las anteriores oportunidades la constitucionalidad del decreto que, según dijo, responde a la necesidad de proteger a los ciudadanos e instituciones «de acciones tendentes a desestabilizar la economía y el orden social del país».