La Generalitat ha sancionado con algo más de 4 millones de euros a la concesionaria Aigües Ter-Llobregat (ATLL), liderada por Acciona, por subcontratar a dos filiales de esta compañía la prestación de diversos servicios de forma «irregular», sin la necesaria autorización del gobierno catalán.
Así lo ha anunciado hoy el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, en el Parlament, donde ha confirmado la existencia de las infracciones denunciadas meses atrás por la Oficina Antifraude en la facturación entre ATLL y el grupo Acciona.
Rull ha indicado que la Generalitat ha abierto un «expediente de penalidades» en relación con estas infracciones, cometidas durante los últimos tres años, que comportará una sanción de 4.035.000 euros para la compañía concesionaria, a la que se ha comunicado hoy mismo esta decisión.
El Govern, no obstante, considera que estas irregularidades, pese a ser consideradas «graves», no son motivo suficiente para resolver el contrato de concesión de ATLL, tal y como planteaba la Oficina Antifraude, al entender que los hechos probados no han afectado de forma negativa ni a la calidad del servicio ni a la tarifa del agua.
Según ha explicado Rull, la publicación del informe de Antifraude dio pie a la Generalitat a abrir un expediente informativo para examinar la actuación de ATLL Concesionaria y detectar posibles irregularidades.
En un determinado momento, ha expuesto, ATLL Concesionaria suscribió un contrato con una operadora creada por el Grupo Acciona sin la pertinente autorización de la conselleria de Territorio y Sostenibilidad.
«De hecho, ATLL pidió autorización cuando la empresa ya estaba facturando», ha detallado Rull, que ha subrayado que a partir de estos hechos la Agencia Catalana del Agua (ACA) requirió el cese inmediato de esta relación contractual, exigió a la concesionaria una explicación inmediata y puso la situación en conocimiento de la Agencia Tributaria.
Rull ha precisado al respecto que la posibilidad de crear una empresa operadora estaba prevista en el pliego de condiciones del contrato, siempre y cuando se contara con el permiso de la Generalitat.
La cuestión es que ATLL volvió a hacer después otro contrato, en este caso con la filial Acciona Agua, y nuevamente sin disponer de la autorización de la Generalitat.
«El primer contrato tenía una naturaleza operacional, ahora se requieren unos servicios de asistencia técnica y tecnológica», ha expuesto Rull, que ha reconocido que hasta esta semana la Generalitat no había recibido ninguna petición de autorización al respecto.
La Oficina Antifraude, que investigó el caso a instancias de una denuncia del sindicato CGT, considera en su informe muy graves estos hechos y alerta de que las irregularidades detectadas, que según sus cálculos ascendieron a más de 13 millones de euros, podrían suponer un aumento de la tarifa del agua el próximo año.
Antifraude plantea por eso la posibilidad de resolver el contrato de concesión de ATLL.
El Govern, sin embargo, ha descartado esta opción, pues en el servicio prestado hasta ahora por ATLL «no se ha detectado ningún incumplimiento material ni de prestación de los servicios a los usuarios ni en términos cuantitativos ni cualitativos», ni «la tarifa se ha visto en ningún momento afectada».
Además, ha subrayado Rull, no se ha dado el factor de «reincidencia», algo que han puesto en cuestión algunos grupos de la oposición.
En cuanto a la multa, que Catalunya Sí que Es Pot ha considerado «una comedia de adolescentes», el conseller ha destacado que es una de las sanciones más altas impuestas a una empresa concesionaria: «Ha habido una infracción durante 807 días y la sanción es de 5.000 euros por día», ha explicado.
Rull ha defendido asimismo que los mecanismos de control de la Generalitat han funcionado en esta ocasión, pues la administración catalana ha podido «detener» una actuación irregular, la ha podido «revertir» y la ha llevado «donde corresponde».
En general, todos los grupos de la oposición se han mostrado muy críticos con la actuación del Govern en la concesión de ATLL, cuya gestión adjudicó a finales de 2012, días antes de las elecciones catalanas, a un consorcio liderado por Acciona junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual.
Posteriormente, Agbar impugnó la adjudicación, lo que derivó en una batalla judicial en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acabó anulando el procedimiento de concesión, en una decisión que tanto la Generalitat como Acciona y sus socios han recurrido al Tribunal Supremo.
Acciona recurrirá la sanción
Acciona, presidida por José María Entrecanales, ha defendido hoy su actuación al frente de la concesionaria Aigües-Ter Llobregat (ATLL) y ha anunciado que presentará alegaciones a la sanción de 4 millones de euros que le quiere imponer la Generalitat por facturación irregular, al considerarla «desproporcionada e infundada».
La conselleria de Territorio y Sostenibilidad ha comunicado hoy a Acciona una propuesta de sanción por importe de 4.035.000 euros por irregularidades «graves» cometidas en ATLL, por subcontratar a dos filiales la prestación de diversos servicios sin la necesaria autorización del gobierno catalán.
En un comunicado, Acciona ha asegurado que todas sus actuaciones en ATLL se han regido por la «absoluta regularidad» y que los hechos a los que se refiere la Generalitat son constitutivos de una «mera infracción procedimental».
«No han produc
ido ningún impacto en la prestación del servicio ni han provocado ninguna lesión económica ni efecto alguno sobre las tarifas de ATLL», explica la compañía.
Acciona, que junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual lidera el consorcio que gestiona la concesionaria ATLL, incide en que «en todo momento y desde el inicio de la prestación del servicio», el 1 de enero de 2013, «se ha garantizado el debido ejercicio de las potestades de control y supervisión de la Generalitat».
Por eso, la compañía ha mostrado su «radical desacuerdo» con la propuesta de sanción del Govern, que considera «desproporcionada e infundada», como argumentará «con toda rotundidad» en las correspondientes alegaciones que formulará en los próximos días ante la Generalitat.
Acciona reafirma asimismo el compromiso de la sociedad concesionaria con el proyecto ATLL, con las exigencias de la más alta calidad y eficiencia del servicio prestado, así como con el cumplimiento estricto de las previsiones del contrato.
