El Ministerio de Energía prepara un real decreto con el que obligará a instalar contadores individuales en los sistemas centralizados de calefacción y agua caliente. Su precio asciende a un máximo de 40 euros por calefacción, es decir, entre 700 y 1.100 euros por vivienda.
Los consumidores acogidos a la calefacción central en la comunidad de vecinos dejarán de pagar la parte alícuota que les toca, y empezarán a abonar por su consumo. La idea no es nueva, pero ya fue desechada por el Gobierno de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Energía. De esta forma, habrá una nueva discriminación hacia las familias numerosas.
Con todo, habrá que instalar contadores u otros sistemas que midan el calor de cada radiador. Los consumidores tendrán que poner en cada radiador uno de estos aparatos, por lo que el coste en una vivienda de 140 metros con diez radiadores, uno por cada habitación y baño, podría alcanzar los 400 euros. La medida iba a entrar en vigor en 2017, pero finalmente se dio marcha atrás.
Ahora, y siguiendo las directrices de la Comisión Europea, que ya ha tirado de las orejas a España, el Ministerio controlado por Álvaro Nadal ha elevado a consulta pública la propuesta del borrador del decreto ley. Según la web de Energía, los usuarios tendrán que responder a estas cinco cuestiones:
1. ¿Qué medidas deberían adoptarse para transponer la obligación sobre contabilización individualizada de los consumos individuales en instalaciones térmicas existentes antes
de la entrada en vigor del RITE de la manera más eficaz y más eficiente?
2. ¿Qué condiciones técnicas o geográficas deben tenerse en cuenta a la hora de determinar las instalaciones térmicas sujetas a la obligación de instalar sistemas de contabilización individual?
3. ¿Qué criterios emplearía para valorar la rentabilidad económica derivada de la instalación de sistemas de contabilización individual?
4. ¿Considera que la obligación debería implementarse de manera escalonada en el tiempo? ¿qué criterios establecería?
5. ¿Qué información debería contener la factura para que los consumidores mejoren la eficiencia energética de su consumo? ¿Qué otras medidas podrían aplicarse?
Ante la inminente apertura de un expediente por parte de Bruselas, el Ejecutivo trata ahora de paliar las consecuencias. «Se pretenden establecer las exigencias y obligaciones en lo relativo a la contabilización de los consumos individuales que deben cumplir las instalaciones térmicas centralizadas de los edificios existentes con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio , así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento, tal y como se exige en el artículo 9 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética», ha indicado Energía. Por otro lado, «también se pretenden establecer las obligaciones relativas a la información sobre la facturación y el coste de acceso a la información sobre medición y facturación, tal y como determina la citada Directiva 2012/27/UE en los artículos 10 y 11».
Una medida que conlleva un elevado coste
Para la OCU, la mayoría de los sistemas de calefacción central actuales derrochan energía, pero además no llegan a lograr la temperatura requerida en todos los puntos de la vivienda. Para tratar de paliarlo, el Parlamento Europeo dictó en 2012 una directiva de eficiencia energética que obliga a todos los edificios con instalaciones de climatización central a instalar contadores de consumo individuales.
El objetivo de esta medida pasa por repartir el gasto centralizado, de manera que lo que paga cada propietario se acerque lo más posible a la energía que realmente gasta. El Real Decreto que transpone esta directiva, cuya fecha prevista era junio de 2014, todavía no ha sido promulgado, pero lo será en breve.
En total, hay cifrados unos 1,7 millones de hogares españoles con calefacción central. Para ello, se estipulaba que antes de 2017 tenían que tener ya instalado los equipos de medición. En caso de no hacerlo, las sanciones eran de hasta 10.000 euros. Si bien, este era el anterior decreto que dio marcha atrás el Ministerio de Energía. La norma autorizaba a la comunidad a facturar el máximo consumo a los clientes ‘rebeldes’.
Tan solo había una excepción, en aquellos edificios en los que no compense desde el punto de vista económico por estar situados en zonas relativamente cálidas, generalmente de Canarias y el sur de la Península. Todos estos aparatos tienen un coste elevado. «La instalación de los repartidores de costes (o el calorímetro) y las válvulas termostáticas junto con la derrama por adaptar las instalaciones comunes, supone un desembolso de entre los 700 y 1.100 euros.
