Las Fiscalías de Colombia y Ecuador han emprendido una investigación conjunta sobre la constructora española Acciona y la brasileña Odebrecht por repartirse supuestamente contratos públicos en ambos países.
El caso mayor caso de corrupción conocido hasta ahora en Brasil golpea ahora a Acciona tras destaparse la red de pagos de sobornos de Odebrecht a altos funcionarios de numerosos países latinoamericanos. Estas Fiscalías buscan ahora pruebas en los socios de la constructora brasileña, que ya sospechan que pudo repartir los contratos.
En el caso de Acciona, se investiga su conexión con el contrato de Colombia sobre la navegabilidad del río Magdalena, que se adjudicó por 800 millones de euros en julio de 2014, con la firma de Juan Manuel Santos. La adjudicación se concedió a Odebrecht, ya que la UTE de Acciona, que poseía un 40%, se retiró días antes de la adjudicación definitiva.
También se investiga la adjudicación del Metro de Quito, donde Acciona y Odebrecht habían formado otra UTE al 50% para intentar conseguir las obras correspondientes a la segunda fase de la infraestructura. Acciona había conseguido la primera fase en 2012 por valor de 1.350 millones de euros. No obstante, se alió con Odebrecht para la segunda fase.
Ambas constructoras acudían a un concurso público de la mano por primera vez y obtuvieron los 1.400 millones en octubre de 2015, un año después de que Acciona se hubiera retirado del proyecto del río Magdalena.
Según las investigaciones, la Fiscalía cree que Odebrecht hubiera actuado en connivencia con Acciona para que ésta renunciase al proyecto colombiano a cambio de la mayor adjudicación en Ecuador.
Acciona ha afirmado que «no existe ningún tipo de relación, ni causal ni temporal, entre ambos concursos», según publica El Mundo, al tiempo que afirman que «ninguna de las dos Fiscalías se ha dirigido a nosotros. No tenemos notificación formal de esa investigación».
Desde las Fiscalías han asegurado que las investigaciones están abiertas, al tiempo que piden prudencia sobre el resultado de la misma. Al mismo tiempo, han destacado que aún no se ha notificado la investigación a Acciona ya que antes necesitan realizar otras diligencias. «Va a llevar tiempo», han asegurado.
En el caso de la navegabilidad del río Magdalena, Acciona desistió debido a la negativa de Colombia a asumir el riesgo del dragado. De hecho, hay un documento público de Acciona para pedir este riesgo, al tiempo que Odebrecht sí aceptó operar en esas condiciones.
Según la investigación a la constructora brasileña, Odebrecht habría pagado un total de 44 millones de dólares en sobornos en Colombia y Ecuador durante años.
La Justicia de EE UU no ha hecho públicos los beneficiarios de estos fraudulentos pagos, por lo que las Fiscalías de numerosos países Latinoamericanos deben ahora averiguarlos. De esta forma, las Fiscalías de países como Colombia o Ecuadro no tienen acceso a uno de los mayores casos de corrupción en Brasil, aunque confían llegar al fondo del asunto en aquello que compete a su territorio.
La fase II del Metro de Quito, en el centro de la polémica en Ecuador
Odebrecht no construirá el proyecto en río Magdalena y pide a Acciona asumir el 50% del proyecto del Metro de Quito, mientras la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador ha pedido al Ayuntamiento de Quito toda la documentación sobre el proceso de adjudicación concerniente a Acciona y a Odebrecht, mientras exige la situación patrimonial del actual alcalde de la capital ecuatoriana, Mauricio Rodas.
El ex alcalde de Quito Augusto Barrera aseguró que jamás habría concedido ese contrato a Acciona y a Odebrecht «por su nivel de lesividad contra el interés de la ciudad». Rodas sostiene que fue «la oferta más baja», aunque posteriormente el coste se ha elevado en un 33%, hasta unos 1.900 millones.
No obstante, el ex alcalde afirmó a El Comercio que «es la administración de Mauricio Rodas la enteramente responsable del proceso de recepción y selección de ofertas, negociación con el ofertante y adjudicación de contrato de la Fase 2 del Metro de Quito. Contrato que debo señalar una vez más fue adjudicado un año y medio después de que la actual administración asumiera la alcaldía y con 500 millones por encima del precio referencial señalado en los estudios que deje en mi administración».
Por otro lado, la Fiscalía de Ecuador pidió la «asistencia penal internacional» a España para que le ayude en el ‘caso Odebrecht’. El fiscal envió la documentación a la Fiscalía Anticorrupción para que haga preguntas precisas de su interés al abogado de la constructora brasileña recientemente detenido en Madrid. Se trata, según ha publidado ‘El Confidencial’, de Rodrigo Tacla, cuyo testimonio puede también salpicar a FCC e Isolux, que también han conseguido contratos en Latinoamérica junto a Odebrecht.
