El nuevo plan del CGPJ para los litigios hipotecarios entre la banca y clientes

Empresas 29/12/2017

El CGPJ aprueba un nuevo plan para litigios hipotecarios y aumenta recursos seis meses despúes de poner en marcha otro que se ha visto desbordado por la cantidad de casos que han lllegado a los tribunales.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy el nuevo plan para juzgados especializados en litigios hipotecarios, en vigor desde el próximo 1 de enero con una vigencia de seis meses, que dotará de más recursos a estas sedes e incrementará en casi medio centenar el número de jueces.

Además del aumento del personal, destaca la puesta en funcionamiento del juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuenteventura (Canarias), con lo que ascienden a 55 los órganos especializados, uno más que en sus orígenes.

A ellos se sumarán a lo largo del año otros ocho de nueva creación en Almería, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla (Andalucía), Ourense (Galicia), Murcia, y Bilbao (País Vasco), exentos de otro tipo de asuntos.

En nota de prensa, el CGPJ achaca dicha decisión al recorrido seguido por estos asuntos, que a fecha de 17 de diciembre habría generado una «carga inasumible» para el resto de órganos al registrase 156.862 demandas en todo el territorio nacional.

Aunque el nuevo plan continuará remitiendo los procedimientos de forma exclusiva a determinadas sedes, también permitirá dotar de competencia excluyente a otros juzgados civiles en aquellas provincias en las que el impacto del reparto así lo permita.

Cerca de medio centenar ms de jueces

Ello hará, según el CGPJ, que el número de jueces que conocen estas demandas por conflictos en la contratación hipotecaria por parte de personas físicas, incremente en cerca de medio centenar.

También aumentará la cifra de letrados de la Administración de Justicia dedicados a casos sobre cláusulas suelo, hipotecas multidivisas, intereses de demora, vencimiento anticipado y gastos de formalización de hipoteca.

Mientras que en ocho provincias, serán juzgados de nueva creación y, por tanto, sin asuntos pendientes, los que asuman la competencia a medida que entren en funcionamiento.

El plan ha contado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de seis vocales, en tanto que Fernando Grande-Marlaska ha votado en contra y ha anunciado la formulación de un voto particular.

«Huida hacia delante»

El sindicato CCOO ha calificado hoy de «huida hacia delante» el nuevo plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los juzgados especializados en cláusulas suelo, al considerar que «permanecerá el atasco preexistente» en ciertas sedes con el reparto exclusivo de estos litigios hipotecarios.

En un comunicado, explica que las medidas, aprobadas en la víspera con el voto en contra del vocal Fernando Grande-Marlaska, «sobrepasarán aún más las cargas de trabajo asumibles por los juzgados de primera instancia», y apunta al Gobierno por «negarse a obligar a los bancos a devolver las cantidades cobradas ilegalmente sin actuaciones judiciales».

Para CCOO, esta circunstancia incrementará su carga de trabajo, «ya de por sí desbordada» con el «consiguiente perjuicio» tanto para los funcionarios como para una ciudadanía que «verá cómo se acumulan nuevos retrasos en la resolución de sus asuntos».

Desde el sector de la Administración de Justicia del sindicato reiteran que el personal nombrado para la tramitación de este tipo de demandas es «absolutamente insuficiente», y atribuyen la responsabilidad al Ministerio, a las comunidades autónomas con competencias y al CGPJ por no exigir a las Administraciones una dotación que garantice la efectividad.

«No vamos a aceptar que la sobrecarga afecte a las condiciones laborales», concluye CCOO, que continuará exigiendo un refuerzo «suficiente para poder atender, sin menoscabo de la salud, los perjuicios que se derivan de la ineptitud de nuestros gobernantes».

De momento, el sindicato ya ha exigido en el Congreso la creación urgente de 400 nuevos órganos judiciales, la ampliación de las plantillas en 3.500 nuevos funcionarios y la implementación de un plan de choque para desactivar el «colapso casi total» que sufren los juzgados españoles.

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