La escalada de precios exorbitantes en grandes ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, comenzó hace dos años y por ahora es imparable.
A pesar de la paradoja de haber 3,4 millones de viviendas vacías en España y zonas con riesgo de despoblación, el incremento de la demanda de pisos de alquiler en las grandes ciudades ha ocasionado crecimientos del precio en torno al 16% según datos de un portal inmobiliario y de un 27% en Cataluña.
Para la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) «estamos ante una situación muy peligrosa que afecta directamente a la accesibilidad a la vivienda, dada la desproporción existente entre el precio actual del alquiler y la capacidad de pago de millones de hogares».
En el contexto actual se le está cerrando el acceso a una vivienda a aquellas personas que ante los bajos salarios, inestabilidad laboral y/o falta de ahorro tampoco tienen la posibilidad de comprar.
OCU opina que la normativa debería buscar un equilibrio entre el interés del propietario y la seguridad o protección del inquilino. Asimismo considera que el acceso a la vivienda de hogares y colectivos más vulnerables (sin ingresos o con ingresos muy reducidos, hogares con todos los miembros en paro, etc.) debe tratarse de manera específica, con acciones públicas a través de políticas como el “alquiler social”.
OCU considera que se debe aumentar el parque público de viviendas en alquiler, aprobar ayudas temporales y prever medidas de realojo de hogares que pierden su vivienda, etc. La Administración debe salir en apoyo de las personas en riesgo de exclusión, con todos los medios a su alcance.
Pero a su vez en paralelo, OCU aboga por regular el mercado de alquiler y reformar la LAU para que funcione del modo más correcto posible. Debe garantizar el acceso a la vivienda de la inmensa mayoría de la población y no generar desequilibrios que a la postre multipliquen los casos de vulnerabilidad.
OCU demanda una serie de mejoras en el mercado de los alquileres en España como pueden ser: facilitar que puedan firmarse contratos por periodos más largos y más estables, donde además la renta esté sujeta a variaciones ligeras y a priori predecibles e incrementar la seguridad de los propietarios en caso de impagos, para que puedan recuperar su vivienda con agilidad ni costes excesivos.

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