El oscuro pacto entre eléctricas y Gobierno para subir la luz

El usuario particular acaba pagando no solo los platos rotos, sino también una vajilla nueva más cara por el pacto entre eléctricas, como Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola, y Gobierno.

El pacto oculto de las eléctricas, las empresas que han cerrado 2016 con un beneficio de 5.463 millones de euros, un 30% más que en 2015 pese al desplome del precio de la electricidad, y el Gobierno reside en la partida cuanto menos polémica denominada «pagos por capacidad».
Es por esta partida por la que las eléctricas mantienen las costosas centrales térmicas de carbón, el mineral fósil más contaminante y que Bruselas ha prohibido de cara al 2020. Pese a su daño para la salud y al medio ambiente, el Gobierno las ha incluido en su lista dentro del Plan Nacional Transitorio y mantener la quema del carbón como si fuera beneficiosa para la sociedad.
Las eléctricas, habida cuenta de estos pagos, incluyeron no una o dos, sino todas las centrales españolas de carbón, pero es ahora a solo tres años vista cuando se les exige incrementar las inversiones necesarias para quemar carbón, y si antes no eran rentables, con más dinero menos aún. De esta forma, las eléctricas han decidido emprender una batalla contra el Gobierno, definido como «chantaje» por parte de asociaciones ecologistas como Greenpeace, para que se rieguen de subvenciones estas nuevas inversiones y continuar quemando carbón más allá de 2020. Con ello, se consigue alargar no solo la vida útil sino también el bolsillo de usuarios y contribuyentes, que estarían pagando a las eléctricas por producir electricidad de la forma más contaminante y cara posible.
Los pagos por capacidad se realizan desde 2014 y son la excusa para evitar desconectar las centrales térmicas del sistema (carbón y ciclos) por si acaso hay que usarlas en caso de necesidad. El coste para los españoles es más elevado de lo que realmente gastan estas centrales.
Desde 2014, la partida de ingresos del sistema para los pagos por capacidad ha ascendido hasta los 2.880 millones de euros, mientras que las centrales térmicas de carbón y los ciclos han registrado un coste de 1.480 millones. De esta forma, el Gobierno ingresa por los contribuyentes un saldo positivo de 1.400 millones, por lo que baja el déficit de tarifa, mientras son los usuarios los que soportan esta carga, es decir, los particulares. Al Gobierno le viene bien, a las eléctricas muy bien, y el sufrido contribuyente paga los platos rotos y la nueva vajilla, pero a precios más caros.
De esta forma, el Gobierno admite con esta partida un descuadre significativo en un sistema ideado para y por las eléctricas, cuyas puertas giratorias no cesan de moverse. Solo en 2016, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha registrado un superávit eléctrico de 110 millones de euros, un hecho que demuestra que los costes y los ingresos del sistema no están equilibrados, ya que los usuarios no deberían pagar de más por algo que cuesta menos.
Competencia ya avisó al Gobierno del descuadre de estas cuentas. «Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de Orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema». El Gobierno, por su parte, sigue jugando con sus propios números, velando por presentar unas mejores cuentas, engrosando las de las eléctricas y a costa del bolsillo de los particulares.
Competencia incidió en la necesidad de «establecer una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente«, en román paladino, que se no destine más dinero a pagos por capacidad de los que luego realmente se llevan las eléctricas. El Ejecutivo, por su parte, hace oídos sordos y continuará con esta ingeniería financiera también en 2017, obligando a los consumidores a pagar por un bien básico como la luz más de lo que debería, en vez de ingresar lo mismo que lo que cuestan los pagos por capacidad.