Palma de Mallorca prohíbe los alquileres turísticos e impone multas de 40.000 euros

 
A partir de este verano el Ayuntamiento de Palma prohíbe el alquiler para fines turísticos de pisos en toda la ciudad y anuncia multas de hasta 40.000 euros a quienes promocionen esta actividad.
La polémica decisión responde a los problemas que ha generado esta actividad en el acceso a vivienda a los residentes, donde se llegaba a pedir 500 euros por un minipiso, y en plena burbuja del alquiler, cuyos precios se ha disparado un 7,5% y una subida del 40% en el precio por metro cuadrado, hasta los 11 euros, según los cálculos del Ayuntamiento.
No obstante, la polémica ha estado servida por la invasión de competencias, ya que corresponde a la Comunidad Autónoma y no al Consistorio. Así, quiere frenar la irrupción de Airbnb, la plataforma usada por la mayoría de particulares para poner en alquiler sus propias viviendas.
El Ayuntamiento de Palma ha asegurado que existen 3.191 viviendas destinadas al alquiler vacacional, que queda fuera de toda regulación ya que todas ellas carecen de licencia. La multa alcanzará los 40.000 euros a los propietarios de pisos y apartamentos que se promocionen y publiciten en plataformas turísticas como Airbnb.
No obstante, la teoría es difícilmente aplicable por la falta de personal para inspeccionar. Hasta ahora, solo hay 15 inspectores, y no sólo se dedican a esta tarea.
Airbnb llegaba a tener en oferta 11.271 alojamientos con capacidad para 78.543 plazas en 2016 solo en Palma, al tiempo que ninguno de estos pisos tenía licencia.