El éxodo empresarial de Cataluña continúa. La última en salir ha sido Pastas Gallo, que traslada su sede social a Córdoba, tierra de olivos y grano, y donde tiene su mayor fábrica, concretamente en El Carpio.
La compañía, con un valor de unos 300 millones de euros, tuvo una guerra familiar a inicios de este 2017, que provocó la venta del 40% de la compañía. La compañía ha asegurado este martes que busca un ambiente de estabilidad para poder operar con normalidad, al tiempo que trata de garantizar la seguridad jurídica y los intereses de consumidores, clientes, empleados y accionistas. Gallo tiene más de 500 trabajadores y fábricas en Granollers y Esparraguera, entre otras zonas.
Hasta ahora, la sede social de Pastas Gallo estaba en Granollers, un municipio de Barcelona, pero la tensión política, social y económica ha hecho que numerosas empresas hayan abandonado la región en busca de garantizar una mayor seguridad jurídica, más cuando la Generalitat se empeña en mantener la hoja de ruta separatista, pese a estar ya en prisión dos de los líderes más destacados de este movimiento golpista.
La empresa tuvo un rifirrafe interno durante el inicio de este 2017. Tras 70 años de control familiar, dos de los cinco hermanos Espona Massana decidieron vender su paquete accionarial, representativo del 40% de la compañía, aprovechando el buen momento del consumo y de la economía. En caso de haber tomado ahora la decisión, la venta seguramente le habría reportado un menor ingreso ya que las inversiones en Cataluña están paralizadas.
Pastas Gallo se suma así a un reguero incontable de empresas que han salido de Cataluña. Este lunes se conoció la salida de Codorníu, controlada por la familia Raventós. Antes habían salido Sabadell, CaixaBank, Gas Natural Fenosa, Abertis, Cellnex y Colonial dentro del IBEX 35; Oryzon, Eurona, Dogi, Service Point, Catalana Occidente, eDreams y Applus, todas ellas cotizadas en Bolsa.
Desde el referéndum ilegal en Cataluña, con huelga regional y política del 3 de octubre incluida, las empresas han decidido poner pies en polvorosa ante las graves actuaciones que se están cometiendo en Cataluña. Tras el referéndum secesionista, las empresas comenzaron a trasladar su sede social fuera de Cataluña, también en algunos casos la fiscal, como Sabadell y CaixaBank, que no descartan ahora que siga la sede operativa.
Para facilitar y agilizar el traslado de empresas, el Gobierno aprobó un decreto en el que permitía a las empresas salir de la región sin consultar con los accionistas, motivo por el CaixaBank y otras cotizadas hicieron el cambio en pocas horas.