El juez de Instrucción número 1 de Palma ha ordenado la apertura de juicio oral contra 82 controladores por el «caos aéreo en cadena» generado en los aeropuertos de Baleares en diciembre de 2010, por delito de sedición y coacciones y, de forma alternativa, por abandono del servicio público.
El magistrado Juan Manuel Sobrino ha dictado el auto para abrir juicio y requiere una fianza de 3 millones a los acusados y a su compañía de seguros como responsables civiles directos y al ente público Enaire como responsable civil subsidiario, «suficiente para responder de los posibles daños y perjuicios».
Los hechos que se juzgarán ocurrieron al inicio del puente de la Constitución de 2010, tras varios meses de conflicto laboral entre el ente público de gestión aeroportuaria y los controladores por la regulación de las jornadas de trabajo.
El juez aprecia «indicios bastantes» de que varios representantes sindicales convocaron a los controladores de los aeropuertos de Palma, Ibiza y Menorca y para presionar a Aena y al Gobierno «decidieron, de forma conjunta y coordinada», en asambleas, «paralizar el tráfico aéreo» sin tener en cuenta las repercusiones.
Decidieron «simular incapacidades psicofísicas para el trabajo», según recoge el auto, que indica que la mayoría de los controladores que debían incorporarse a los turnos del 3 de diciembre y el 4 por la mañana alegaron incapacidad por estrés y ansiedad que les impedían ejercer sus funciones, otros no se presentaron o no fueron localizados.
Retrasos, cancelación de vuelos y cierre del tráfico aéreo
La situación provocó retrasos y cancelación de vuelos y se declaró el cierre del tráfico aéreo, «provocando numerosos perjuicios materiales y morales». Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma, la mayoría de controladores se reincorporaron y se reanudó el tráfico.
Según el magistrado, los hechos pueden constituir un delito de sedición de la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964, porque los controladores de los tres aeropuertos de Baleares «se concertaron, instigados por los representantes sindicales, iniciando una huelga salvaje encubierta, eligiendo los días que más perjuicios podían causar al tráfico aéreo».
Delito de abandono colectivo
Para no causar indefensión a los acusados y evitar nulidades que retrasen la causa, el magistrado también abre juicio oral de forma alternativa por el delito de abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y coacciones.
Han formulado acusación la Fiscalía, cuatro grupos distintos de afectados y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).
La Fiscalía considera autores del delito de abandono de funciones y, alternativamente, de sedición a 51 controladores aéreos y cooperadores a otros 30 y pide el archivo para dos.
Por abandono de funciones solicita penas de multa de 36.000 euros y dos años de suspensión como controlador aéreo. En el caso de que se estime un delito de sedición, la Fiscalía pide 4 años de prisión. Reclama también que indemnicen a 279 perjudicados.
