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Pablo Igleisas. / EFE

Podemos pide un impuesto para la banca para pagar el rescate de las cajas de ahorro gobernadas por políticos

La mayoría de las entidades bancarias que quebraron con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria eran cajas de ahorros, en cuyos consejos de administración se sentaban políticos de todos los signos. Ahora, Podemos pide un impuesto a la banca para pagar ese rescate. La pública Bankia es la que más debe y con diferencia.

Podemos lleva una medida en su programa electoral para recuperar el dinero del rescate bancario -cifrado en 60.000 millones de euros por la formación morada- mediante una subida del tipo nominal del impuesto de sociedades para los bancos hasta el 40 % frente al 30 % actual.

La propuesta programática, que ya fue defendida por Podemos y rechazada el pasado 20 de noviembre en el Congreso de los Diputados, implicaría subir un 10 % el tipo nominal del impuesto de sociedades de forma temporal, hasta que se recupere todo el dinero prestado en un plazo de diez años, según el cálculo de Podemos.

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha especificado que todos los bancos deben pagar con sus impuestos el dinero que prestó el Estado al sector. «Y no creo que sea problemático para ellos porque tienen beneficios abultados», ha añadido.

Esta propuesta se suma a la de implantar un impuesto a las transacciones financieras más especulativas. «Hay un montón de especuladores que están jugando cada día en la bolsa, comprando activos financieros, y ese hecho hay que gravarlo», ha explicado en rueda de prensa el secretario de Organización.

Pues bien, no todos los bancos recibieron dinero del rescate, y algunos de ellos, como Santander, Caixabank, Bankinter o el propio Popular no sacaron ni siquiera partido a los precios de derribo que se vendieron algunas de las entidades intervenidas.

«Desde 2009, las ayudas en forma de apoyo de capital han ascendido a 54.353 millones de euros en fondos públicos aportados por el FROB y 9.745 procedentes del Fond0 de Garantía de Depósitos -que paga la propia banca-. Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades, hasta un total de 5.150 millones —de los cuales, el FROB ha recuperado 4.477 millones y el Fondo de Garantía, 673 millones—», señalaba el Banco de España en noviembre de 2018.

Bankia, al que Podemos quiere convertir en una banca pública de referencia, recibió un rescate de 22.424 millones de euros a los que hay que sumar otros 900 millones de BMN, una entidad que tuvo que absorber por orden de Luis de Guindos, exministro de Economía, responsable de la resolución del Banco Popular y ahora flamante vicepresidente del BCE, en  en el año 2017. En total, la deuda con los contribuyentes era de 23.324 millones. BMN no ha devuelto ni un céntimo de euro de esas ayudas, y Bankia, 3.083 millones, por lo que aún quedan por devolver 20.241 millones, que a este ritmo de devolución tardará más de 90 millones en hacerlo.

Sin embargo, Podemos apunta a toda la banca, no a los que recibieron dinero o sacaron partido del rescate. Uno de los más beneficiados, por ejemplo fue el BBVA, que compró Catalunya Banc -Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, a la que el socialista Narcis Serra llevó a la quiebra por 782 millones cuando recibió ayudas públicas por más de 12.000 millones de euros.

Otro caso llamativo es el de las antiguas cajas gallegas. Fusionadas en Novacaixagalicia el Estado le inyectó 9.052 millones de euros. El banquero venezolano Juan Carlos Escotet compró al Frob esta entidad por tan sólo 783 millones de euros y a un pago diferido en años.

Estos son los tres casos más llamativos del rescate bancario. De los 54.353 millones puestos por el Estado -la banca puso otros 9.745 millones de su bolsillo-, entre Bankia, Catalunya Banc y Novacaixagalicia se llevaron 45.173 millones, el 83% del rescate con dinero bancario con dinero público. Es quizás a estas entidades las que habría que exigirles la devolución del dinero y no a todos por igual.

Por cierto, no se salvó a banqueros, -muchos de ellos están en la cárcel y ese fue el fin de su carrera profesional- se salvaron a los depositantes. Accionistas, bonistas o preferentistas de esas entidades o lo perdieron todo o gran parte de su inversión. Fueron los grandes perjudicados por un Gobierno, el del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que negó la crisis en la elecciones generales de 2008 y que fracasó en su labor de supervisión con el Banco de España y la CNMV a la cabeza de esas responsabilidades.

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