Aunque la formación de Pablo Iglesias pide la comparecencia de los populares Piqué, Soria y Nadal, los verdaderos responsbales fueron los socialistas Montilla, Clos y Sebastián.
El grupo Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea y Compromís han registrado hoy en el Congreso una petición de creación de una comisión de investigación sobre el almacén de gas Castor para esclarecer las responsabilidades del caso y recuperar el dinero de las indemnizaciones por ser un proyecto «negligente».
El diputado de En Comú Podem Josep Vendrell ha dicho hoy en la Cámara Baja que «no puede ser que nadie asuma responsabilidades» y que es necesario clausurar el almacén «y actuar legalmente para recuperar el dinero».
El coste del proyecto del almacén subterráneo de gas Castor asciende a más de 95 millones al año, suma que incluye 15,7 millones por mantenerlo hibernado y 80 millones por el pago de la indemnización a la concesionaria, Escal UGS. la indemnización total a esta empresa por el cierre del almacen de gas fue de 1.350 millones de euros.
Vendrell ha considerado que se actuó de manera «negligente» y que no se tuvo en cuenta el peligro de seísmo.
Podemos mete en el saco de los responsables a los ministros populares, aunque en realidad el almacen Castor fue una decisión del Gobierno de Zapatero
En la petición, los grupos han requerido la comparecencia ante la comisión de investigación de todos los ministros responsables, entre los que se encuentran, según Vendrell, Josep Piqué, José Montilla, Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria y Álvaro Nadal.
Sin embargo, los tres verdaderos responsables del proyecto y de las indeminizaciones pacatdas con Escal UGS fueron los tres ministros socialitas con Zapatero: Montilla, Clos y Sebastián. De hecho, Sebastián y Montilla se han cruzado duras acusaciones para determinar de quien fue la culpa del contrato de esta fracasa almacén de gas.
Vendrell también ha pedido que comparezca el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro.
Escal UGS, controlada por la constructora ACS, renunció a la concesión en julio de 2014 y recibió una indemnización de 1.350 millones de euros.
Vendrell también ha pedido que se investigue el proceso de adjudicación de la obra, ya que considera que fue hecho «a medida de un solo adjudicatario».
La diputada de Compromís Marta Sorlí ha señalado que «el gobierno nos tiene acostumbrados a blindar a estas empresas y necesitamos que se auditen esas indemnizaciones, ver cuáles son de verdad justas para la empresa».Aunque la