Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, permanece al margen del caso Villarejo, pese a sus estrechas relaciones con el excomisario de Policía ahora en la cárcel de Soto del Real. El juez Manuel García Castellón, que ha imputado a nueve directivos del BBVA de la era de Francisco González por este caso, ni siquiera lo ha llamado como testigo, pese a que desde la propia eléctrica reconocen que contrataron sus servicios.
Los negocios turbios terminaron con el comisario jubilado José Villarejo en la cárcel en noviembre de 2017 cuando la la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ordenó su ingreso en prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la denominada Operación Tándem. También entraron en la cárcel su socio Rafael Redondo y el también comisario de policía Carlos Salamanca.
La instrucción del caso la lleva ahora el juez Manuel García Castellón que ya ha imputado al ex consejero delegado del BBVA Angel Cano y al exjefe de seguridad del banco y excomisario general de Policía Judicial, Julio Corrochano, y otros siete directivos más en la pieza en la que se investiga el espionaje que la entidad financiera supuestamente encargó el excomisario José Villarejo.
BBVA contrató a la empresa Cenyt de Villarejo para sus trabajos, la misma que utilizó Ignacio Sánchez Galán para distintos encargos que le hizo al excomisario de Policía.
Ignacio Sánchez Galán siempre ha tenido una gran confianza en Villarejo. Según VoxPopuli, ya trabajó en labores de ‘espionaje’ durante el intento de fusión entre 2000 y 2001 de Iberdrola y Endesa como muestra una grabación interceptada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional con fecha de 15 de mayo de 2005, y que consta en el sumario en el que se investiga al también comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo.
Ignacio Sánchez Galán siempre ha tenido una una gran confianza en Villarejo
Ignacio Sánchez Galán también recurrió a Villarejo para cobrar una deuda de un socio moroso. Iberdrola anunció en 2010 que había alcanzado un acuerdo para construir en Rumanía el proyecto eólico más grande del mundo. Para desarrollar ese ambicioso plan, la eléctrica se asoció con Eolica Dobrogea, una empresa local, aunque participada mayoritariamente por el grupo de ingeniería suizo NEK Umwelttechnik AG.
En 2013, ese gran proyecto naufragó al dejar de asumir sus compromisos su socio. La española llevó a Eolica Dobrogea a un tribunal de arbitraje para reclamarle 11,8 millones, pero poco antes de conocerse el laudo, la firma local se declaró en quiebra. Cuando el tribunal dictó una resolución favorable para la eléctrica, Eolica Dobrogea ya no disponía de activos para hacer frente a sus obligaciones, asegura el mismo diario digital.
El presidente Sánchez Galán recurrió entonces a Villarejo, su hombre de confianza en estos asuntos. El excomisario investigó los activos de Eolica Dobrogea, su matriz suiza, varias filiales de la compañía, el mayor accionista del grupo, Christoph Beat Kapp, así como a varios de sus familiares directos —esposa, padre, cuñados y hasta sobrinos— y a una decena de socios y ‘partners’ habituales”.
Ese encargo quedó plasmado en varios informes de Grupo Cenyt, el despacho de investigación que tenía Villarejo en pleno distrito Azca. Uno de los últimos dosieres que confeccionó para Sánchez Galán lleva fecha del 15 de marzo de 2017 y consta de 85 páginas. Ese mismo día, uno de los colaboradores del comisario se lo envío junto a tres capítulos anexos a A. A., un alto responsable del Departamento de Seguridad de Iberdrola, como recoge un correo electrónico.
La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán defiende sus contratos con el excomisario Villarejo en las numerosas «relaciones contractuales que mantiene la compañía con sociedades legalmente establecidas para la prestación de diferentes servicios, dentro de la más estricta legalidad». “[Grupo Cenyt] Era una sociedad autorizada por el Ministerio del Interior y con oficinas en la Torre Picasso, no era un chiringuito”, asegura la compañía. «Es decir, que no era una sociedad oculta. Daban un servicio que debía funcionar muy bien. La investigación nos permitió encontrar bienes que el señor Kapp había traspasado a su mujer solo unos días antes y de ese modo pudimos identificar activos para cobrar la deuda”.
Villarejo facturó por este trabajo dos veces a Iberdrola Renovables. La primera, según el confidencial.com, lleva fecha del 13 de enero de 2017 y ascendió a 48.400 euros. La segunda fue emitida el 28 de marzo de ese mismo año y fue de otros 36.300 euros. Las cuentas de la eléctrica indican que en la actualidad es propietaria del 100% de Eolica Dobrogea.
Sin embargo, está claro que Ignacio Sánchez Galán contrató en varias ocasiones, más otras que no han trascendido, como espionajes a empresarios rivales, según fuentes próximas a la investigación, a los dos comisarios jubilados Villarejo y García Castaño, a quién la Fiscalía Anticorrupción les considera los principales cabecillas del «consorcio criminal» de policías que utilizaban presuntamente sus empleos para hacer trabajos para sus clientes privados.
Pese a la gravedad de las acusaciones de la Físcalía Antocorrupción contra Villarejo y su Grupo Cenyt, Ignacio Sánchez Galán, en cambio, nunca ha sido llamado a declarar en el caso Tándem, ni siquiera ya como testigo y, mucho menos, se ha abierto una pieza separada para tratar de investigar y determinar si Sánchez Galán cometió alguna irregularidad al contratar los servicios del excomisario Villarejo, en prisión provisional por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.
Y esa es la gran pregunta que se hace el mundo jurídico ¿Por qué Sánchez Galán está al margen del caso Villarejo? ¿Quién le protege?
