El Gobierno de Baleares, en manos de PSOE y Podemos, ha multado a Vueling con 340.000 euros por los retrasos y cancelaciones de entre junio y julio de 2016, que dejó 191.000 afectados.
La multa, de esta forma, es de 1,78 euros por afectado. El Gobierno balear asegura que se trata de la multa «más elevada» impuesta por Consumo en el sector aéreo. La consejera balear de Salud, Patricia Gómez, ha informado en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de esta sanción, que es «la multa más elevada» impuesta por Consumo en materia área.
Según ha explicado Gómez, el total de la multa se divide en dos: 320.000 euros por infracción muy grave por los retrasos y cancelaciones, y otros 20.000 por «ignorar de forma reiterada» el requerimiento de la Administración para aportar información necesaria para aclarar las situaciones ahora sancionadas.
La consellera ha detallado que se trata de una falta muy grave por el incumplimiento de los contratos con cada uno de los pasajeros afectados, por lo que se ha sancionado a Vueling por el número elevado de perjudicados de forma sistemática, y en atención a la posición dominante que tenía del mercado.
Los consumidores ven claramente insuficiente la multa a Vueling
Facua-Consumidores en Acción considera «claramente insuficiente» la multa de 340.000 euros impuesta a Vueling. Facua pone de manifiesto «la falta de sanciones contundentes que se vienen produciendo ante las graves abusos que sufren los pasajeros», según explica en una nota de prensa.
Estos abusos se cometen por parte de las aerolíneas de forma habitual, advierte Facua, ya que no informan a los usuarios de sus derechos a recibir compensaciones económicas de entre 250 y 600 euros cuando sufren cancelaciones y grandes retrasos. Son compensaciones, añade, que en muchos casos las compañías aéreas se niegan a abonar cuando los usuarios las reclaman.
La asociación critica que a las aerolíneas «les sale extraordinariamente barato cometer abusos con los pasajeros y desentenderse de sus derechos» debido a «la falta de medios y mecanismos eficaces de control por parte del Ministerio de Fomento y las autoridades autonómicas de consumo, unida a la escasa cuantía de las multas en los reducidos casos en que se aplican».
