El juzgado nº2 de Móstoles ha absuelto a 60 familias de un poblado chavolista de Móstoles por la mala praxis de los inspectores, tanto de la Fiscalía como de Iberdrola, por entrar en domicilios sin orden de registro.
Los inspectores de la eléctrica y del organismo público entraban en las viviendas para comprobar si estaban enganchados a la luz, por lo que procedieron a denunciar a 60 familias por un importe total de 140.000 euros, para la Fiscalía, mientras Iberdrola iba más allá y exigía casi el triple: 360.000 euros.
No obstante, en esta primera sentencia, recurrible en la Audiencia Provincial, Iberdrola y la Fiscalía aportaron pruebas obtenidas de forma ilegal. El caso se centra en en el poblado chavolista de Las Sabinas, en la localidad madrileña de Móstoles, cuyas familias están enganchadas a un poste de luz. La juez instructora entiende que las pruebas aportadas se recogieron de forma ilícita, por lo que ha dejado absueltas a todas las familias denunciadas.
De esta forma, se han desestimado las peticiones de multas e indemnizaciones que tanto la Fiscalía como Iberdrola pedían para estas familias del poblado de Las Sabinas, según recoge La Ser. El 20 de junio de 2016 Iberdrola descubrió que varias infraviviendas de este poblado, ubicado en la avenida Esteban García de Móstoles, estarían enganchadas a la luz a través de una torre que da electricidad a unos inmuebles del Canal Isabel II.
Los inspectores de la empresa ‘Marsan Ingenieros‘, contratados por Iberdrola, instalaron los amperiómetros en las viviendas, en concreto en la zona de los patios, en compañía de la Unidad de Seguridad Ciudadana y también de agentes de la Guardia Civil.
Iberdrola, tras constatar este hecho, procedió a cortar la luz, y denunció a las familias, que han sido absueltas precisamente por entrar en los inmuebles sin una orden judicial, ni tampoco informar a los vecinos de que tenían derecho a no realizar declaraciones que les pudieran perjudicar.
En su sentencia, la juez del caso ha tenido que recordar que el patio interior de una vivienda es parte de la misma a efectos constitucionales, por lo que era exigible una orden judicial «que no se solicitó». Asimismo y ante la amabilidad de los vecinos para dejar entrar a los inspectores y que también admitieran estar defraudando con el enganche, ni lo agentes ni los empleados por la eléctrica informaron de los derechos. «La entrada en los domicilios de los denunciados se hizo sin advertencia de los derechos de cada interesado y sin que se les advirtiera de la posibilidad de oponerse a la entrada en el domicilio», afirma la sentencia. En este poblado conviven 300 familias y existe un plan de realojo.