Ryanair se enfrenta ahora a un expediente abierto por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, por posibles incumplimientos del Reglamento Europeo sobre derechos de los pasajeros al cancelar vuelos programados en la huelga del 25 y 26 de julio.
La agencia realizó inspecciones en diversos aeropuertos afectados durante los días de huelga para verificar si la compañía cumplía con los derechos de los pasajeros, y su resultado, así como de las denuncias o reclamaciones que puedan presentar los afectados, será analizado y AESA actuará en función del mismo.
Además, la agencia ha recordado a todos los pasajeros, cuyo vuelo haya sido cancelado con menos de dos semanas de antelación, que, «independientemente de lo que les haya dicho la compañía aérea», tienen derecho a reclamar una indemnización que va desde los 250 a los 600 euros por los perjuicios causados.
«Las afirmaciones de Ryanair de que la huelga es una circunstancia extraordinaria, son contrarias a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que considera que una huelga de la tripulación de la propia compañía no es una circunstancia extraordinaria», según ha recalcado el organismo.