El Gobierno transferirá a la Generalitat de Cataluña las cantidades correspondientes al déficit tarifario de Rodalies (cercanías), alrededor de unos 300 millones de euros anuales, un acuerdo que tendrá «un efecto directo» ya en 2022. El déficit tarifario es la diferencia que existe entre el coste total del servicio y lo recaudado mediante los billetes de transporte vendidos (unos ingresos que suelen situarse entre un 43 % y un 50 % del total), y hasta la fecha era el Ejecutivo estatal quien transfería directamente esta cantidad a Renfe. Ahora retira esos recursos de la empresa estatal de ferrocarriles y los inyecta directamente en las arcas del gobierno catalán.
Este es uno de los principales acuerdos alcanzados en el seno de la tercera comisión bilateral de infraestructuras que se ha llevado a cabo este viernes en Madrid, que han presidido la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el vicepresidente catalán y conseller de Territorio, Jordi Puigneró.
Además, se ha acordado crear un grupo de trabajo que debe concretar en los próximos meses cómo abonará el Estado los 559 millones de euros que debe a la Generalitat correspondientes al ejercicio de 2008 en virtud de la disposición adicional tercera del Estatuto, al tiempo que ese mismo grupo debe definir a cuánto asciende el total de la deuda de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
