Barclays ofreció 2.000 millones de euros por Banco Popular tan solo tres días antes de la polémica resolución de la entidad financiera. El dinero se destinaría a una hipotética ampliación de capital, una de las vías que tenía la «pinza latina» para hacerse con la entidad.
El banco británico daba así respaldo a una ampliación de capital de 4.000 millones de euros. Esta ampliación habría mantenido la viabilidad, pero no se llegó a debatir en el consejo ya que se desató la huida de depósitos, alentada por organismos públicos como Canarias y empresas dependientes del Ministerio de Fomento, para después ser liquidada y vendida por el precio simbólico de un euro a Banco Santander.
Miguel Escrig, ex director general adjunto al presidente de Popular, tuvo en sus manos la carta de Barclays, fechada el 3 de junio de 2017, según publica ABC. En la misiva del banco británico se garantizaba el pago de 2.000 millones en una hipotética ampliación de capital, que Emilio Saracho no llegó a activar. El montante de la misma era de 4.000 millones de euros.
Pese a no tener una idea real del valor de Banco Popular en ese momento, Barclays si veía suficiente la inyección de 4.000 millones para continuar operando, un 42% por debajo de los 7.000 millones de euros que ha realizado Banco Santander para garantizar la solvencia y viabilidad del banco entonces presidido por Emilio Saracho.
Barclays tenía delante de sí la ardua tarea de buscar inversores para acudir a la ampliación de Banco Popular. «Con alrededor de 4.000 millones Popular se sanearía y el negocio subyacente sería rentable», aseguran fuentes conocedoras de la carta que reconocen ahora contactos durante el último fin de semana de existencia de Banco Popular. No obstante, los acontecimientos se aceleraron y la Junta Única de Resolución junto al Frob español decidieron liquidar la entidad financiera, dejando a 305.000 accionistas sin su dinero de la noche a la mañana.
Ahora, los accionistas piden ante el TJUE y la Audiencia Nacional una solución, dado que tan solo se han acogido un pequeño grupo de accionistas a los bonos de fidelización de Banco Santander. Asimismo, esta misma semana se ha conocido una nueva vía legal, la petición de un concurso necesario de acreedores para Banco Popular, ya que la JUR adoptó su decisión sin tener un informe «definitivo» de un experto independiente, tal y como exige el propio reglamento de este organismo europeo. El polémico informe de Deloitte, tal y como ha afirmado la JUR como el Frob es «provisional». Pese a ello se decidió liquidar la entidad financiera.
Banco Popular registraba ya una caída superior al 90% en Bolsa desde los máximos históricos. En los últimos días, la cotización registraba desplomes de dos dígitos, mientras que la fuga de depósitos alcanzaba los 14.200 millones de euros. Con este escenario, la JUR podría haberse saltado los requisitos necesarios para activar la resolución, como están demandando en los tribunales las defensas. De hecho, se exige la nulidad de todo el proceso, mientras que ahora la Audiencia Nacional, el TJUE y un juzgado mercantil tienen la última palabra.
Junto con la ampliación de capital, Banco Popular debería haber desinvertido en activos estratégicos, pero no se encontraban compradores o los precios ofertados no cubrían las expectativas.
