Los informes de auditoría de KMPG, los test de estrés del BCE e incluso el Gobierno por boca de Luis de Guindos aseguraban que el Banco Popular era solvente. Ahora, la entidad financiera ha desaparecido, no existe.
Los gestores del Banco Popular, liderados por Emilio Saracho, han llevado a la entidad financiera a la desaparición. Ahora está en manos del Banco Santander tras un rescate exprés por el que se ha pagado el precio simbólico de un euro, por lo que los actuales accionistas de la entidad financiera han perdido todo su dinero. ¿Por qué se ha llegado a este escenario? Las respuestas se encuentran principalmente en el nuevo equipo directivo, liderado por Emilio Saracho.
De nuevo las miradas se centran en el papel de los reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV, que ha comunicado en mínimos históricos la suspensión de cotización del Popular, pese a que ha dejado de existir como tal. El regulador aseguró que vigilaba muy de cerca los movimientos sobre las acciones del Popular, pero no ha dado ningún aviso ni alerta a los inversores en las últimas semanas, más después de desplomarse un 50% en la primera semana de junio.
El consejo de administración del Popular podría haber dado luz verde a la venta de la entidad financiera por cerca de 6.700 millones de euros, el comprador, BBVA, estudiaba incluso realizar una ampliación de capital por cerca de ese mismo importe. No obstante, se decidió entrar en una guerra interna contra el ex presidente Ángel Ron, una batalla ganada por el millonario magnate mexicano Antonio del Valle.
Saracho y JP Morgan
El consejo propuso en diciembre a Emilio Saracho, quien defendía entonces la independencia del Banco Popular para continuar su camino. El ex vicepresidente de JP Morgan, que obtuvo 86 millones de euros y que guarda en Suiza como indemnización, reajustó las pérdidas multimillonarias de la entidad financiera, sin una reformulación de las mismas, para evitar tener que firmar dichas cuentas y eximirse así de responsabilidad. Los números rojos de Banco Popular alcanzaban los 3.600 millones de euros, pero pese a ello el auditor aconsejaba únicamente una ampliación de capital.
KPGM avalaba las cuentas con una advertencia sobre la debilidad del nivel de capital del banco tras las pérdidas y aseguraba que sus gestores contemplan «mecanismos de generación de capital inorgánicos». Es decir, una ampliación capital o una fusión. Sin embargo, las cuentas arrojaban unos niveles de capital regulatorio por encima de los requisitos de capital exigidos por los organismos, como el BCE.
De hecho, en junio del pasado año y en plena ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros, el BCE daba el aprobado al Popular junto con el resto de entidades financieras españolas. Un hecho que contrasta con el informe publicado este mismo miércoles por el organismo presidido por Mario Draghi: «Sufre un deterioro significativo en su posición de liquidez».
De Guindos decía que el futuro del Popular lo decidirían los accionistas; hoy ni una palabra para ellos
El Gobierno, por boca de Luis de Guindos, afirmaba a mediados de abril que el Popular «es un banco solvente y su futuro lo decidirán sus accionistas». Asimismo, afirmó que la entidad financiera «no tiene problemas de solvencia ni de liquidez». «Popular es un banco privado. Lo que nos indica el Banco de España es que es un grupo solvente y sin problemas de liquidez. El Gobierno no tiene nada que decir. El futuro del banco lo tendrán que decidir sus accionistas. El Ejecutivo sólo vigilará que se cumplen las normas de competencia», aseguró en el ministro de Economía hace apenas dos meses. En ese mismo discurso abría la puerta a Bankia para hacerse con el Popular, una decisión que se tornaba muy complicada ya que se podría ver como un rescate encubierto, más cuando el Estado a través del Frob tiene el 65% del capital.
Pues bien, el futuro del Popular no lo han decidido los accionistas, sino que han perdido toda su inversión. Entre los más afectados, además de miles de inversores particulares y grandes, se encuentran los propios trabajadores de la entidad financiera. Estos empleados han sufrido el desplome del Popular por partida triple: 2.600 despidos y siendo el 75% accionistas de la entidad, con lo que no solo han perdido su trabajo sino también sus ahorros. Numerosos empleados han acudido, además, a las sucesivas ampliaciones de capital de los últimos años, tanto en la de 2012, como en la de 2016, perdiendo un 90% solo en ésta última, mientras que desde la llegada de Saracho se ha volatilizado un 59,2% de sus ahorros invertidos en el Banco Popular.
Este miércoles, de Guindos ha afirmado que la compra por parte del Santander es «buena salida para la entidad (Popular)» y que se lleva a cabo «sin la utilización de recursos públicos». «Es una buena salida para la entidad, dada la situación a la que había llegado en las últimas semanas, ya que implica la máxima protección a los depositantes y la continuidad de la actividad», ha asegurado De Guindos, sin hacer ningún tipo de mención a los actuales inversores.
Las explicaciones de De Guindos no convencen a ningún partido de la oposición. El PSOE ha registrado la petición de comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique los pormenores de la intervención de la UE sobre el Banco Popular y su posterior venta al Santander.
Los socialistas quieren preguntar al ministro por qué se ha llegado al punto de hacer «inviable» el Banco Popular, cuál ha sido el papel de los organismos supervisores y reguladores y por qué han fallado los mecanismos de supervisión, ha explicado su portavoz de Economía, Pedro Saura. Saura ha sostenido que el problema son los «malos gestores», una supervisión «laxa» y un modelo de crecimiento «especulativo».