Asociaciones y partidos políticos están impulsando un manifiesto para erradicar la pobreza energética. Desde 2007 se ha procedido a cortar la luz a cinco millones de hogares, mientras las eléctricas han generado cerca de 56.000 millones de beneficio.
Pese a ser un servicio esencial para la vida, los sucesivos Gobiernos de PP y PSOE no han realizado ninguna medida para evitar los cortes de suministro eléctrico durante la peor crisis que ha sufrido España durante la Democracia. Asimismo, se aplica el tipo más alto del IVA, en el 21%, en la factura, que lejos de caer de precio se ha disparado un 50% desde 2008.
Además, las grandes eléctricas como Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa han conseguido que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga que devolverles el bono social, un descuento del 25% en la factura para familias numerosas y/o en situación de vulnerabilidad.
Entre los firmantes del manifiesto se encuentran Coalición Canaria, ERC, Podemos y sus confluencias, así como los sindicatos de clase, CC OO y UGT, junto con USO y Somos -el sindicato afín a Podemos-, la PAH, Red de Solidaridad Popular, Frente Cívico Somos Mayoría, Alianza contra la Pobreza Energética, UNCCUE, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Fundación Internacional de Derechos Humanos, InspirAction, WWF, Attac y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
En el manifiesto exigen seis puntos: desde la prohibición de cortar la luz a familias con problemas económicos hasta una rebaja del IVA para situarlo al 4%, el mismo tipo que tiene el lujo, al ser considerado un bien esencial. Estos son los seis puntos del manifiesto:
1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.
2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.
3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).
5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.
6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.
Cifras dramáticas de la pobreza energética
El manifiesto se basa en cifras dramáticas: «7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz, más de 5 millones se quedarán sin calefacción durante este invierno». «Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, los afectados por la pobreza energética siguen siendo invisibles», aseguran.
Y es que, pese a ser un bien esencial, «en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25%«. Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un «sistema que favorece la especulación». «Es imprescindible que haya mayor transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica», han considerado.
La pobreza energética se dispara
Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. «Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs)», han apuntado.
A esto se suman las dos sentencias dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo por las que se anula el sistema de financiación del bono social. A juicio de quienes han impulsado el manifiesto, se evidencia «el fracaso del actual modelo energético, obligando a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones».
Asimismo, el «actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de renta». «Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas», puntualizan.
Con todo, «el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores. Necesitamos acabar con la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país».