El Sindicato de Inquilinos -sindicat de llogaters- hecha a andar este martes para tratar de pinchar la burbuja del alquiler en Barcelona, cuyos precios se han disparado un 9% en los últimos años.
El sindicato trata de combatir el abuso inmobiliario así como una regulación en el alquiler para evitar «desahucios invisibles». Y es que, la normativa municipal permite rescindir el contrato una vez que han transcurrido 3 años desde la firma. Anteriormente eran cinco años.
La norma cambió en 2013, con el Gobierno de CiU de Xavier Trias, y ya tuvo sus primeras consecuencias en 2016, con precios disparados en el alquiler, y continúa en 2017, donde Barcelona ha registrado un ritmo más elevado que en el resto de España. A esto se suma la entrada de plataformas como AirBnb, que se ha excluido del pacto para evitar el fraude en los pisos turísticos.
En Barcelona cerca de 200.000 familias viven de alquiler. Familias que no han podido acceder a la vivienda en propiedad o bien eligen el alquiler como la forma de vida. El sindicato ha denunciado que los «salarios bajan y la especulación nos ahoga y nos desposee de nuestros ingresos cuando los contratos se acaban».
Uno de los portavoces del nuevo sindicato Jaume Palomera, que ha asegurado que en Barcelona aún hay 9 desahucios diarios, de los que un 83% son por impago del alquiler. El sindicato ha surgido por el incremento de los precios de los alquileres, que en el último año ha subido de media un 9 %, y en Barcelona ya se sitúa en una media de 801 euros mensuales por un piso pequeño.
Palomera ha instado a derogar la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU), que en 2013 redujo la duración mínima de los contratos de alquiler de cinco a tres años, para conseguir estabilidad de los contratos del alquiler y evitar «desahucios invisibles» de los inquilinos a los que se les acaba el contrato.
Otra de las portavoces, Irene Sabaté, ha pedido la implicación al Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en un índice de referencia vinculante que evite la expulsión de los vecinos de sus viviendas y ha reclamado priorizar el uso residencial de las viviendas por encima de cualquier otro, como el financiero -como inversión- o el turístico.
Según Sabaté, el actual modelo de alquiler barcelonés destruye el tejido local, donde los barrios pierden las viviendas residenciales, y los ingresos de los vecinos, afectados por el espiral de incremento de precios del mercado, no llegan a cubrir el pago de la vivienda, mientras que sufren la presión de grandes inversores que de forma sistemática compran edificios enteros.
La portavoz ha denunciado también el deterioro material de las viviendas, que no se corresponde con el precio del alquiler y ante el que el inquilino entra en un conflicto con el propietario, que «abusa de la situación de indefensión».
Por ello, una de las propuestas del sindicato es proteger al inquilino y proporcionarle asesoramiento técnico y jurídico a través de un mediador e intermediarios cuya finalidad es llevar a cabo prácticas para que las partidas del contrato sean equilibradas, y ambos, propietarios e inquilinos, se repartan los costes equitativamente.
El sindicato, que firmó el Manifiesto de Vía Laietana por la creación de más viviendas públicas, ha anunciado que «actuarán por todos los medios posibles» para ejercer presión social y conseguir alquileres justos y asequibles, e incluso han hablado de una posible movilización ciudadana para darse a conocer.
El sindicato ha hecho un llamamiento ciudadano para llevar a cabo una campaña de micromecenazgo con la que pretenden recaudar 20.000 euros, que permita dar apoyo a los voluntarios que trabajan en el asesoramiento de inquilinos, los que se podrán afiliar con una cuota base de 30 euros al año.