Susana Díaz premia a Endesa pese a multarla y recurrir el bono social

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, y la Confederación de Empresarios de Andalucía premian a Endesa por su responsabilidad social.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad, y la Confederación de Empresarios de Andalucía premian a Endesa por su responsabilidad social, pese a recurrir el bono social y ser multada con 400.000 euros este mes de septiembre por cobrar de más a los usuarios en el alquiler de los contadores inteligentes.
Asimismo, la Junta ocultó el expediente a Endesa para evitar que los usuarios defraudados por las malas prácticas de Endesa pudieran reclamar ese dinero pagado de más a la eléctrica, así como la eliminación del bono social.
La Junta se negó a facilitar el expediente sancionador a Endesa Distribución a Facua con el argumento de que no tiene un “interés legítimo” en el caso, pese a ser la organización que denunció el fraude en las tarifas aplicadas a cientos de miles de andaluces por el alquiler de los contadores.
Según afirman los empresarios andaluces, el premio a Endesa responde a «generar valor social, para lo que no sólo tenemos que contar y explicar mejor lo que hacemos, sino oír también al conjunto de la sociedad y contribuir a transformar el mundo que nos rodea».
No obstante, Endesa, controlada por la eléctrica pública italiana Enel, está decidida a acabar con el bono social en España que protege a los consumidores más vuinerables o que supone un ahorro para las familias numerosas, las que, por lógica, al ser más miembros en el hogar, más consume.
Así la eléctrica española gobernada por los italianos de Enel, pero presidida en España por Borja Prado Eulate, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, senador por desginación real e implicado y condenado por varios procesos judiciales, ha conseguido que el Tribunal Supremo declare inaplicable el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía eléctrica considerados más vulnerables, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. Un flaco favor hacia las personas con escasos recursos, premiado ahora por el mismo gobierno autonómico que le multó.