Telefónica, que ostentaba hasta hace unos años el monopolio de las telecomunicaciones en España, exige ahora que todos los actores del negocio de Internet compitan con las mismas condiciones, incluidos los impuestos.
Así lo ha considerado Telefónica en su segundo Manifiesto Digital, donde se recogen iniciativas para impulsar una serie de Derechos en la red de redes. En este documento, se contempla un decálogo, donde se pide entre otros, la misma regulación para todos los actores del mercado, incluida la fiscalidad.
«Desarrollemos un marco regulatorio justo», afirma en su punto octavo la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, donde se exigen las mismas reglas para los mismos servicios digitales, una regulación inteligente basada en políticas orientadas a resultados y un sistema de supervisión caso a caso. Asimismo, en su punto décimo pone de manifiesto la necesidad de adaptar la gobernanza de Internet al contexto global, incluyendo en igualdad de condiciones «a todas las partes interesadas».
Así exige una reforma de la fiscalidad actual sobre los gigantes de Internet para incrementar los ingresos públicos, y sociales que fomenten la innovación en la educación y el empleo, fomentar la conectividad para que nadie se quede atrás, modernizar los derechos y las políticas, apoyar el desarrollo de algoritmos responsables que eviten sesgos y mitigar así las nuevas desigualdades que pueden surgir a raíz de la digitalización.
Álvarez-Pallete ha puesto el foco en la confidencialidad de los datos, dando la oportunidad a los usuarios de conocer todos los datos que manejan las sociedades y empresas de Internet y poder ejercer todo el control sobre los mismos.
La compañía se ha propuesto también garantizar una digitalización centrada en las personas, protegiendo los derechos de los ciudadanos tanto en la realidad como virtualmente, al tiempo que las compañías deberían autorregularse bajo políticas y supervisión internas, es decir, que no sean los Gobiernos quienes decidan.
Ahora Telefónica ha considerado que la competencia debe establecerse, con una defensa de los valores establecidos también para el negocio online, donde se ha de intervenir de forma rápida para proteger a los usuarios. A su juicio, los políticos deben dar soluciones internacionales aplicadas a escala mundial para evitar la “interrupción del flujo transfronterizo de datos”.
