La nueva ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha estrenado en el Congreso sobre una de las cuestiones que más le pesan en el cargo: el proyecto Castor. Con su puño y letra firmó la declaración medioambiental de la infraestructura, que tuvo que ser cerrada en 2014.
Ribera ha echado la culpa a los técnicos de los 20 organismos que realizaron la declaración medioambiental del proyecto, que estamos pagando los españoles en la factura eléctrica. Según ha concretado en el Congreso de los Diputados, el proyecto Castor se inició en 1996, con un permiso de investigación en septiembre de aquel año, obteniendo la autorización en 2002, para después realizar la evaluación de impacto medioambiental tuvo la colaboración de 20 organismos.
«Nadie objetó, fue elevada para la firma y nadie recurrió la declaración», ha asegurado, al tiempo que ha afirmado que casi todas las declaraciones de impacto medioambiental son recurridas. Además, ha asegurado que tanto Bruselas como otros organismos han corroborado que la declaración medioambiental se realizó de forma correcta, como su tramitación. «Ahora toca afrontar qué hacemos», ha respondido a las preguntas del diputado del PP Teodoro García.
García le ha afeado su respuesta, ya que como mandan los cánones socialistas, los fracasos siempre son culpa de los técnicos. «Ya sabemos que cuando las cosas van mal y se toman malas decisiones en el Gobierno socialista, la culpa es de los técnicos». «Lo que no sé es si ese ejercicio de transparencia que usted pide lo va aplicar también a esas decisiones que ha tomado usted, bajo nuestro punto de vista, en clara incompatibilidad en el cargo y en el de un consejero de la CNMC para hacerle un gran regalazo a las eléctricas en una de sus primeras decisiones en el Ministerio», ha espetado.
Con el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Teresa Ribera fue secretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, y llegó a ser investigada por la Fiscalía por su informe medioambiental del proyecto Castor.
Castor, un proyecto que produjo terremotos en la zona costera de Tarragona y Castellón, y que se ha pagado en la factura eléctrica
Entre los polémicos actos de Ribera al frente de su cargo durante el Gobierno de Zapatero fue el de firmar el informe favorable de la declaración de impacto medioambiental del almacén Castor sin haber pedido la elaboración de informes que hubieran evaluado los riesgos de éste. La Fiscalía de Castellón se basó en los informes realizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), quienes apuntaban que los terremotos que se producían en la costa de Tarragona y Castellón se debían a la inyección de gas y no a una ruptura natural del estrato. El almacén del Castor fue paralizado el 26 de septiembre de 2013.
La actividad en el almacén provocó que durante el pasado mes de septiembre se produjeran 512 terremotos, de los cuales 15 fueron percibidos por la población. El Ministerio de Industria ordenó la paralización de la actividad el 26 de septiembre.
La Fiscalía apuntaba directamente a la que fuera secretaria de Estado de Cambio Climático en 2009, Teresa Ribera, que es la que firmó la Declaración de Impacto Ambiental por la que se autorizó el proyecto.
Teresa Ribera fue cesada por el Gobierno de Mariano Rajoy al suprimir la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ribera sustituyó a César Antonio Molina, ex ministro y diputado gallego.
