A las grandes eléctricas, como Iberdrola, se les agota el tiempo para pedir la licencia de renovación de las centrales nucleares. Garoña, cuya petición se decide este miércoles, es la primera de ellas.
La ley exige a las eléctricas presentar la renovación de los permisos al menos tres años antes de que expiren, y apenas hay ya tiempo ya que las próximas se tendrán que producir en los próximos meses, como es el caso de Almaraz I, Almaraz II y Ascó I.
Iberdrola controla la mayoría en Almaraz I, con un 52,7%, mientras que Endesa ostenta el 36% y Gas Natural un 11,3%; Ascó I es de Endesa al 100%; Almaraz II tiene la misma composición que Almaraz I.
El tiempo se le echa encima a Iberdrola, ya que si agota el plazo, la central se vería abocada al desmantelamiento. Almaraz I es de especial relevancia en España, al producir el 20% de la energía total, motivo por el que ha pedido al Gobierno aumentar el plazo para decidir si solicita finalmente los permisos para continuar explotando la central.
De esta forma, exige al Ejecutivo que especifique su política energética para decidir. No obstante, aunque el Gobierno decidiera modificar el plazo, la entrada de un nuevo Gobierno podría trastocar la estrategia, por lo que no se descarta que se incluyan nuevas condiciones en los pliegos, como la introducción de una cláusula de responsabilidad patrimonial del Estado o incluso una bajada de impuestos.
Durante la presentación de resultados a los analistas, con una caída del 4,7% en el beneficio, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán ha considerado que la filial Iberdrola Nuclear España lleva años soportando importantes pérdidas debido a los grandes impuestos que gravan la energía nuclear en España.
Ha indicado que «esto ha modificado el plan de negocio original», que tenía en esta área de actividad y ha señalado que, al no saber cuándo desaparecerán las pérdidas, es complicado pedir permisos que se dan para plazos largos de tiempo.
Ignacio Sánchez Galán ha añadido que el plazo que piden al Gobierno no es de años, sino de unos doce meses, para poder analizar la situación y conocer la política energética que va a aplicar el Gobierno. «Antes de tomar cualquier tipo de decisión nos gustaría que se definiera la política energética» para no tomar decisiones que afecten a la cuenta de resultados de la compañía, ha añadido el presidente de Iberdrola, quien ha dicho que hay que saber cómo se va a pagar el coste de la energía nuclear y ver si se puede generar algún beneficio.