La banca presiona para que la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo de las hipotecas no sea en efectivo y Hacienda está al acecho para cobrar lo suyo recalculando las desgravaciones por la hipoteca en la declaración del IRPF del año correspondiente.
Parecía que todo esta ganado para los afectados de la cláusula suelo con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que instó a los bancos a devolver las cláusulas suelo abusivas a cerca de 1,4 millones de hipotecados, una decisión que podría costar a los bancos algo más de 4.000 millones de euros.
Sin embargo, lo que parecía un camino allnado se está conviertiendo en una cuesta muy arriba donde el propio Gobierno abona más incertidumbre con el aplazamiento por segunda semana consecutiva del decreto de Luis de Guindos sobre el acuerdo extrajudicial que regulará las condiciones de devolución por parte de la banca a los afectados.
Y es que si la banca no quiere pagar, Hacienda tampoco se queda atrás. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha apuntado que los beneficiarios de la devolución de los intereses pagados de más por las cláusulas suelo de las hipotecas tendrán que regularizar los posibles excesos en las desgravaciones fiscales por compra de vivienda.
Montoro se apoya en que la tributación sobre estas devoluciones no son nuevas, sino las que exige la actual Ley Tributaria.
La banca no quiere devolver en efectivo y Montoro ya ha dicho que Hacienda cobrará su parte de la devolución al recalcular las degravaciones fiscales de las hipotecas y el incremento patrimonial de los afectados
Esta devolución a los clientes bancarios no está sujeta a tributación, pero aquellos que se beneficiaron de la desgravación por compra de vivienda habitual tendrán ahora que reingresar a la Hacienda Pública una parte de esta deducción, la correspondiente al importe recibido finalmente del banco.
El importe finalmente pagado en concepto de intereses de hipoteca se reduce con la devolución, por lo que la deducción correspondiente tiene también que minorarse.
Montoro, al menos, asegura que esta regularización no estará sujeta a «ningún tipo de recargo ni de sanción».
Adicionalmente, los contribuyentes tendrán que tributar por los intereses de demora que les abonen los bancos por estas devoluciones, ya que suponen un incremento patrimonial.
Todos estos ajustes tributarios se harán en la próxima declaración de la renta.
La banca no quiere devolver efectivo
La banca, por su parte, no quiere asumir 4.000 millones de euros no previstos en sus cuentas. Quiere minimizará el impacto de las devoluciones de las cláusulas suelo en su cuenta de resultados y presiona para que el cliente opté por amortizar parte de la hipoteca como fórmula para recuperar lo pagado de más, en lugar de recibir el dinero.
Para afrontar esta factura, las entidades tendrían que dotar suficientes provisiones e ir restando de sus resultados las devoluciones que lleven a cabo, pero únicamente si el dinero se reintegra al cliente mediante ingresos en su cuenta o en efectivo.
La banca presiona así al Gobierno, que, tras dos aplzamientos, confía en aprobar la semana que viene un sistema extrajudicial que facilitará la reclamación de los afectados por las cláusulas suelo, para que al menos exista la opción de recuperar el dinero o amortizar parte de la hipoteca pendiente.
Esta última opción libraría a las entidades de dotar provisiones y restar de sus resultados el coste de la devolución, algo que, según coinciden distintas fuentes financieras, sería especialmente bien recibido por el sector.
la banca asegura que bastaría con amortizar parte de la hipoteca pendiente o cambiar las condiciones de la misma para que el cliente se beneficie por los años que pagó de más porque la cláusula suelo de su préstamo no le permitía beneficiarse íntegramente de las rebajas del euríbor.
El sector bancarios además presionará a los afectados con el argumento de que la rebaja de la cuota hipotecaria, en lugar del reintegro en efectivo de las cláusulas suelo, los libraría de tener que regularizar su situación con Hacienda por los beneficios fiscales obtenidos en el pasado con las deducciones por la compra de vivienda habitual.
El sistema extrajudicial que el Gobierno prevé aprobar establecerá que debe ser el hipotecado con cláusulas suelo el que presente una reclamación a su banco, lo que obligará a la entidad a estudiar el caso, negociar con el afectado y darle una respuesta en un plazo máximo de tres meses.
En cuanto a la devolución se dará mayor flexibilidad para que los bancos y los clientes acuerden diferentes fórmulas para compensar el perjuicio causado por las cláusulas suelo
El Ejecutivo quiere que esta alternativa extrajudicial, más rápida y gratuita, evite la avalancha de demandas en los juzgados y de hecho prevé que si el banco da una solución al cliente y éste la rechaza y decide acudir a la justicia, la entidad se libraría de una condena en costas si el juez da la razón al afectado.
En fin, la historia de las cláusulas suelo, lejos de terminar, no ha hecho nada más que empezar.
