La polémica Uber se ha registrado como grupo de presión en España a través de Uber Systems SL. Lo hizo el pasado 13 de marzo y en plena guerra con el taxi, que fue a la huelga la semana pasada.
«La misión de Uber es aplicar tecnología para hacer que el transporte sea tan fiable como el agua corriente – en cualquier lugar y para todo el mundo», ha asegurado la entidad que no tiene que pagar licencias como tan caras como la de los taxistas, ya que la licencia que pagan los conductores para pilotar un coche con conductor (VTC) alcanza ya los 40.000 euros.
A su juicio, la tecnología «hace posible poner en contacto a oferta y demanda en tiempo real, lo que nos permite ser mucho más eficientes, incrementando el uso y ocupación de los vehículos, y bajar el coste para los usuarios». No obstante, Uber Systems SL tuvo que retirar su servicio UberPop en toda España al no ajustarse a la legalidad, ya que permitía conectar conductores particulares sin licencia VTC con pasajeros, una intromisión en un sector altamente regulado como el taxi.
Así, se ha mostrado dispuesto a «promover el uso de la tecnología y la competencia en el transporte urbano como los mejores mecanismos para defender los intereses del consumidor«, al tiempo que perseguirá «conductas que supongan impedir, restringir o falsear la competencia», pese a estar acusado precisamente de competencia desleal.
Uber ha sido foco de la polémica con los taxistas en los últimos años tanto en Madrid como Barcelona, por su competencia desleal. En 2014 estrenó UberPop, la plataforma para que cualquier particular pudiera trasladar a los usuarios a cualquier lugar, eso sí sin la preceptiva licencia ni tampoco con el pago de impuestos que conlleva. Una competencia desleal que fue prohibida en toda España por un juez.
Tras la sentencia, UberPop quedó eliminada del mercado, mientras la compañía estadounidense sacó UberX, similar a Cabify, es decir contratación de coches con conductor bajo licencia de VTC, lo que ha incrementado las iras de los taxistas, más cuando tienen que acceder al puesto de trabajo con la compra de una carísima licencia, superior a los 140.000 euros, con el respectivo pago de impuestos.

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