Gas Natural Fenosa y Colombia se reúnen de forma amistosa por última vez este lunes por Electricaribe. En juego hay más de 1.000 millones de euros, cantidad que exige la compañía española, mientras que el Gobierno de Juan Manuel Dos Santos no da su brazo a torcer.
La decisión definitiva sobre el futuro de Electricaribe, la filial colombiana de Gas Natural Fenosa intervenida en noviembre por los constantes cortes de luz, se adopta este martes, tras numerosos encuentros entre la empresa y el Ejecutivo colombiano, con la mirada atenta de organismo internacionales. En caso de que las posiciones no encuentren un punto de acuerdo, el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial decidiría.
El Gobierno se dio de plazo hasta el 14 marzo, seis meses después de la intervención, para decidir el futuro de la filial colombiana. Gas Natural tenía desde el pasado 3 de marzo la vía libre para acudir al CIADI. Las opciones de Colombia pasan por la nacionalización o su liquidación para ser entregada a un operador. De momento, la situación es de «estancamiento de las conversaciones», según afirmó Gas Natural Fenosa en su presentación de resultados de febrero, y no ha vuelto a mostrar signos de un cambio de rumbo en estas conversaciones. La energética española ya ha dado por perdidos 475 millones de euros, y el agujero total es de 1.259 millones de euros.
Gas Natural Fenosa exige a Colombia modificaciones en la ley para cortar la luz a los morosos y garantías en caso de impago. En la zona del Caribe residen más de 2,5 millones de usuarios de Electricaribe, y gran parte no paga la luz o vive enganchado a la red. Colombia, por su parte, ha cortado la luz a escuelas, hospitales y ayuntamientos por la elevada morosidad, pese a que la ley municipal prohíbe expresamente los cortes de luz.
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