Quim Torra, candidato a la presidencia de Cataluña, ha desgranado los puntos de su programa de Gobierno, pese a no tener el apoyo de la CUP para aprobar los Presupuestos, por lo que no se descarta la convocatoria de elecciones o bien prorrogar por enésima vez los Presupuestos.
En su plan de actuación, además de exigir un salario mínimo de 1.100 euros brutos mensuales como mínimo para todos los asalariados, Torra se ha referido a su plan energético, con especial incidencia en Endesa, al tiempo que ha prometido crear una nueva empresa pública para gestionar las aguas del Ter y Llobregat, tras el revés a la privatización, adjudicada a Acciona por 1.000 millones.
En concreto, se ha comprometido ha a que toda la red eléctrica de Cataluña provenga de producción 100% renovable, motivo por el que obligaría a cerrar las centrales nucleares en Cataluña. De esta forma, Endesa tendría que cerrar las centrales de Vandellós y Ascó, de las que depende el 40% de este tipo de energía en España. Endesa mantiene una estrategia del miedo en su pulso contra el Gobierno de España al exigir una mejor remuneración o una bajada de impuestos para mantener abiertas estas centrales. No obstante, Cataluña puede cerrar estas centrales, independientemente de la opinión del Gobierno, ya que el Tribunal Constitucional así lo estipuló. En caso de cerrarse estas centrales, la factura eléctrica para las familias se incrementará un 25%, según las cifras del Gobierno.
Torra pretende así ejercer la máxima autonomía en política energética, que afectará a los catalanes, como al resto de españoles, mientras se propone rebajar la cuantía de la factura eléctrica para las familias más vulnerables.
Por otro lado, creará una nueva empresa pública para la gestión del agua del Ter y Llobregat, tras el varapalo de los tribunales a la privatización adjudicada a Acciona. En este sentido, no ha entrado a valorar si la Generalitat compensará a la compañía presidida por José Manuel Entrecanales.
Además, instaurará la «viñeta», el peaje para camiones que ya se abona en varios países de Europa, mientras que los tribunales han tumbado esa misma medida en Vizcaya.
Ni una medida para atraer a las empresas que se han ido de Cataluña
Por otro lado, no ha presentado ni una medida concreta para que vuelvan las empresas que han salido de Cataluña. De hecho, lejos de tender puentes, prosigue con su promesa de alcanzar la independencia de Cataluña, creando más incertidumbre, al tiempo que ha afirmado que las cifras macro actuales desmienten las «manipulaciones» durante los últimos meses.
Por otro lado, se ha propuesto impulsar la industria, con el pacto industrial en el que han participado las Consejerías de la Generalitat editado en legislaturas anteriores. A su juicio, se han cumplido el 70% de este acuerdo para fomentar la industria pese a la situación.
Además impulsará la digitalización y la economía circular, «ejes vertebradores de nuestro país», en referencia a Cataluña, al tiempo que creará una estadística de inversión extranjera en Cataluña y otra para recoger la inversión «catalana» en el extranjero.
Independencia y la aprobación de 16 leyes suspendidas por el TC
En un discurso desafiante, Torra ha vuelto a prometer un «proceso constituyente» tras alcanzar la independencia de Cataluña. El candidato de JxCat a la investidura ha defendido la «soberanía» del Parlamento autonómico, que se debe a las leyes de nivel general, para hacer «leyes justas que ayuden a todas las personas» y, por ello, ha garantizado que recuperará las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional y por la «apisonadora» del Gobierno del PP.
«El Govern que presidiré, con apoyo de la mayoría parlamentaria, volverá a impulsar todas y cada una de las leyes que el Gobierno del PP ha llevado al TC y que han quedado suspendidas, dieciséis en total. Algunas aprobadas por unanimidad, con apoyo del PP, algo que no ha servido para evitar que la apisonadora del Gobierno del Estado las dejara en suspenso«, ha señalado Torra.
En su discurso en la segunda sesión del debate de investidura, Torra ha recordado que leyes «justas» como las de lucha contra la pobreza energética o contra el cambio climático o la de la igualdad entre hombres y mujeres eran «de interés común» y «no distinguían entre ciudadanos independentistas o no independentistas».
