El catedrático de Economía y ex presidente del Círculo de Economía Antón Costas defiende que los catalanes puedan ejercer su derecho a decidir «el régimen de su relación político-administrativa» con el Estado a través de una consulta al margen de unas elecciones autonómicas ordinarias.
Pese a que no hay datos que avalen que una mayoría de la sociedad catalana quiere un mayor autogobierno, Costas ve necesaria esta consulta porque «una inmensa mayoría de la sociedad catalana quiere un mayor autogobierno», pese a que el nivel de autogobierno alcanzado por la Generalitat es muy elevado, ya que tiene competencias de calado, como Educación, Sanidad, Justicia y gran parte de Seguridad y carreteras, aunque de ninguna infraestructura dependiente del Estado, como aeropuertos, carreteras estatales o AVE.
Esa consulta, muy similar a un referéndum, podría consistir, asegura el catedrático, en una «ratificación» mediante un referéndum en Cataluña de un texto que restaure y mejore elementos del autogobierno dañados desde la sentencia del Constitucional del 2010. En la medida que implicaría cambios en la Constitución, este proceso requeriría de un segundo referéndum en paralelo en el conjunto de España sobre la reforma de la Carta Magna.
Curar la «vieja herida» de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto, pero olvida qué se recortó exactamente
A juicio del expresidente del Círculo de Economía, un referéndum de este tipo contribuiría a «curar la herida abierta con la sentencia del Constitucional sobre el Estatut y que, no sólo no se ha cerrado, sino que continúa supurando». No obstante, el catedrático olvida que exigía la Generalitat y el Parlamento catalán con ese Estatuto aprobado por el PSC junto los independentistas: tener toda la competencia en materia judicial, es decir, que el TSJC fuera el máximo órgano judicial; que el catalán se impusiera en todos los ámbitos públicos, siendo la única lengua vehicular, despreciando así el español; que el Gobierno invirtiera en Cataluña el porcentaje equivalente a la aportación de Cataluña al PIB de España, es decir, el 20% del total -tildado por el Constitucional como «papel mojado»; eliminar la posibilidad de hacer referéndums ilegales; que «la lengua propia de Cataluña es el catalán», pese a que la mayoritaria es español, que el «catalán es la lengua oficial de Cataluña», pese a que el español es la lengua de toda España; o por ejemplo que «el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Cataluña y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto». Todos estos artículos fueron eliminados o recortados por el Constitucional.
En su libro, el catedrático afirma que lengua, educación, cultura, derecho civil y otras competencias reconocidas como exclusivas en el Estatuto y en la Constitución son «la materia esencial» de las cuestiones que requieren de un mayor ejercicio de autogobierno.
Así, un mejor reparto de responsabilidades en estos campos «ayudará a disminuir los conflictos políticos y jurisdiccionales».
Costas está convencido de que una mayoría de ciudadanos aceptarían un «arreglo negociado» en los términos de que «Cataluña siga formando parte de España pero con nuevas y blindadas competencias en exclusiva» y dejaría el apoyo de la independencia en el 30 %.
Además, sostiene que la base social que está esperando un proceso de negociación se irá ampliando «al ir viendo que el dilema que plantea el independentismo es irresoluble en sus propios términos: «¿cómo lograr separarse de España sin salir del euro ni de la Unión Europea?».
En este punto, afirma que «en cualquier caso, tarde o temprano, en Cataluña tendrá que celebrarse una consulta sobre el encaje de las especificidades catalanas en el marco de la Constitución», dado que «no es concebible pensar que, en el supuesto de que el independentismo pierda fuerza, todo vuelva a la normalidad».
La alternativa a estos dos referendos, según Costas, sería la introducción de una disposición adicional general en la Constitución que reconociera la singularidad nacional de Cataluña, lo que requeriría un desarrollo posterior.
Sólo en el caso de que esta consulta sobre la reforma del autogobierno recibiera un voto negativo del 51 % o más de los votantes, el economista cree que sería comprensible plantearse un referéndum de «sí» o «no» sobre la independencia de Cataluña.
El prestigioso economista y empresario señala que si la aprobación del Estatut de 2006 hubiese ido acompañada de una reforma de la Constitución como la que propone ahora «se hubiera evitado la desautorización del Tribunal Constitucional y todos los lodos que han venido después».
