La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha advertido de que el decreto del Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables durante la pandemia supone legalizar la ocupación ilegal y convierte a España en el único país avanzado que permite estas prácticas.
Si se aprueba el decreto con la propuesta actual, los propietarios de vivienda en alquiler afectados reclamarán al Estado responsabilidades por la expropiación del derecho de uso de sus activos, ha denunciado Asval, que cree que se creará además un efecto llamada a nuevas ocupaciones.
Además, ha alertado de que este texto legal puede dar lugar también a responsabilidades de tipo penal para el Estado en el caso de que se produzcan conflictos en las viviendas ocupadas tras la aplicación del decreto.
Pese a que los propietarios que forman parte de Asval son partidarios de buscar soluciones para los inquilinos con dificultades temporales para pagar las rentas durante la pandemia se muestran en contra de ofrecer estas mismas soluciones a los ocupas ilegales.
El decreto propuesto establece que serán los servicios sociales los encargados de acreditar la vulnerabilidad de las familias y las Comunidades Autónomas las que tengan que proporcionarles un alojamiento alternativo en un plazo de tres meses pese a que estas carecen de un parque de vivienda social suficiente.
De hecho, España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa y según datos de Eurostat representa el 2,5 % del total de viviendas, frente al 30 % de los Países Bajos, el 24 % de Austria o el 17 % de Francia, han subrayado desde la Asociación.
La directora general de Asval, Beatriz Toribio, considera que la normativa que el Gobierno tiene intención de aprobar perjudicará a los colectivos con menores recursos, ya que habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes.
Con esta medida se pone en riesgo además el derecho de propiedad y el derecho a la tutela judicial efectiva, ha agregado Asval, que la califica además de discriminatoria, ya que distingue de forma arbitraria grandes y pequeños propietarios, y de desproporcionada al cargar toda la solución al problema social de la vivienda en el sector privado cuando es una obligación de la Administración.