El director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), el mexicano Agustín Carstens, ha pedido una regulación global para el sector financiero no bancario, que incluye fondos de inversión, gestores de activos e inversores institucionales, que evite las intervenciones de los bancos centrales.
En el prólogo del informe trimestral de diciembre del BPI, publicado este lunes, Carstens dice que «cuando las cosas van mal, los intermediarios financieros no bancarios pueden desencadenar o amplificar la tensión en el mercado» como ocurrió en marzo de 2020 tras el estallido de la pandemia y las medidas de confinamiento en muchos países para frenarla.
Entonces, las turbulencias en los mercados mostraron la falta de regulación y los riesgos que estos intermediarios financieros habían creado en las economías emergentes en Asia, así como en áreas que crecen mucho como las finanzas sostenibles y el universo cripto.
Por ello es necesario una respuesta política que se base en la experiencia de las reformas acometidas tras la Gran crisis financiera, porque desde entonces los mercados financieros han crecido mucho.
«Aquellas reformas fortalecieron a los bancos y redujeron su impacto sistémico», según Carstens.
Es el momento de crear también una regulación de prudencia macroeconómica para los intermediarios financieros no bancarios, que en los buenos momentos hacen el sistema financiero más eficiente, pero también más inestable.
Carstens ha añadido que un elemento de esta respuesta sería mejor información mediante un seguimiento más fuerte y que se les exija informar a los reguladores.
Otro elemento sería, según Carstens, asegurar que estos intermediarios financieros crean fondos de reserva en buenos tiempos para mitigar los problemas en momentos de tensión.
Asimismo, Carstens considera necesaria una supervisión más consolidada de este sector.
Los movimientos recientes en los mercados de deuda soberana muestran como estos intermediarios financieros no bancarios, que suponen casi la mitad de los activos financieros globales, también influyen la política monetaria.
Proporcionan una fuente valiosa de financiación alternativa pero crean nuevos canales de inestabilidad financiera.
Asimismo, el sector financiero no bancario afecta a cómo se transmite la política monetaria a la economía y cómo se implementa día a día e, incluso, cómo se calibra y se comunica, según Carstens.
Y puso como ejemplo las turbulencias recientes en los mercados de deuda soberana porque los intermediarios financieros no bancarios han tenido un efecto en la curva de la rentabilidad de la deuda del Tesoro estadounidense, que es una tasa de referencia para establecer los precios de los activos en todo el mundo.
Estos incidentes que se repiten «sugieren que el status quo es inaceptable» y por ello son necesarios ajustes fundamentales en la regulación de estos intermediarios financieros, según Carstens.
Ha recordado como en marzo de 2020 la banca central tuvo que calmar a los mercados con el rescate a estos intermediarios, que habían intensificado las tensiones por sus problemas de liquidez y de endeudamiento.
Por ejemplo, en marzo de 2020 se produjo una escasez de liquidez en dólares porque los fondos mutuos del mercado monetario y los fondos de inversión abiertos tienden a acumular liquidez o activos líquidos para cubrir las retiradas de las inversiones.
De este modo, para proteger la viabilidad de fondos concretos exacerban la escasez de liquidez en dólares del sistema, especialmente fuera de EEUU.
Cuando se secó la liquidez en dólares en marzo, los intermediarios tuvieron que obtenerla directa o indirectamente de las líneas swap de intercambios de divisas de los bancos centrales.
Pero la ayuda de los bancos centrales crea un problema moral, distorsiona los precios y tiene efectos secundarios porque es difícil reducirla.
Además, la asistencia de liquidez puede estar en conflicto con otros objetivos de la política monetaria, por ejemplo, si surgen turbulencias en los mercados en un momento en el que sube la inflación y es necesario restringir la política monetaria.
