La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado la ley contra el fraude fiscal que incluye, entre otras medidas, el endurecimiento del régimen fiscal de las sicav, lo que provocará que muchas de estas sociedades por el que invierten grandes fortunas, que se rigen por un régimen especial desde que el Gobierno de Felipe González en los años 90 decidiera tomar medidas para que no se fueran al extranjero, cambien ahora su domicilio fiscal donde tributarán a países más acordes con su naturaleza inversora.
La comisión ha dado el visto bueno a la norma por mayoría -PP y Vox han votado en contra- con competencia legislativa plena, por lo que pasa directamente al Senado para continuar con la tramitación parlamentaria.
Han pasado siete meses desde que el proyecto de ley entró en el Congreso el pasado octubre, aunque la norma ya había sido aprobada por primera vez en Consejo de Ministros a finales de 2018, pero no llegó a tramitarse porque se convocaron elecciones anticipadas.
En esta norma ha endurecido el control de las sociedades de inversión de capital variable (sicav), una auténtica obsesión para la izquierda que las ve como un elemento defraudador de las grandes fortunas, para garantizar que son realmente sociedades colectivas.
De esta forma, el régimen favorable fiscal de las sicav estará vinculado no solo a que haya al menos 100 socios como hasta ahora, sino a que cada uno de ellos tenga acciones por valor de al menos 2.500 euros, lo que evitaría que el cupo se complete con los denominados «mariachis» o socios con participaciones irrelevantes.
Además, se establece un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) del 15 %, con el objetivo de dar mayor dinamismo a las inversiones.
