El FROB -el fondo de rescate español de entidades financieras- ha decidido delegar en su presidenta, Paula Conthe, las competencias para resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial derivadas de la resolución del Banco Popular, con el objetivo de agilizar su tramitación.
Según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE), a partir de mañana será la presidenta de la también llamada Autoridad de Resolución Ejecutiva -encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión- quien tenga la competencia de resolver las citadas reclamaciones, y no su comisión rectora.
El objetivo del FROB es agilizar la tramitación de las reclamaciones presentadas por inversores del Banco Popular afectados por su resolución en 2017. La entidad llegó a recibir algo más de un millar de solicitudes de indemnización y, según su memoria de 2020, al final de ese año había resuelto 335 de ellas.
A través de estas reclamaciones, los titulares de acciones del Banco Popular que perdieron su inversión con ocasión de la resolución de la entidad (un procedimiento alternativo a la liquidación) tratan de obtener una indemnización por entender que la Administración incurrió en responsabilidad patrimonial.
