El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley con el primer bloque de medidas para reformar el sistema de pensiones, con lo que recupera así el consenso político y social y da «tranquilidad de los pensionistas de hoy y mañana». Lo más relevante es el premio monetario, más de un 4% de pensión que se puede cobrar incluso en una paga única, a los que retrasen su jubilación y el castigo a los que la adelanten o se ven inmersos en procesos de jubilaciones forzosas por expedientes de regulación de empleo mediante la limitación de tal medida en los convenios colectivos y que ha sido apoyada por los sindicatos CCOO y UGT.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con este proyecto de ley se da «cumplimiento a las recomendaciones del Pacto de Toledo», se recupera el acuerdo con los agentes sociales y se cumple con el Plan de Recuperación.
La reforma establece incentivos para demorar la edad de jubilación, modifica los coeficientes reductores en los casos de jubilación anticipada y limita el acceso a la jubilación forzosa en los convenios colectivos. Es decir, los que se ven en estas dos situaciones verán mermadas sus jubilaciones si lo hacen antes de la edad permitida independientemente de los años cotizados.
Además, queda pendiente el asunto que más puede perjudicar a los pensionistas del llamada baby boom, esos a los que el ministro Escrivá quiere penalizar porque son muchos y la Seguridad Social no tiene dinero para hacer frente a sus pensiones, aunque hayan cotizada más de 35 años y por grandes cantidades durante toda su vida laboral.
La portavoz ha apuntado que esta norma deroga también el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013, pero queda pendiente el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, lo mismo que lo anterior, pero con cambio de nombre, y que obligará a los cotizantes españoles a trabajar más años para poder tener derecho a una pensión pública.
Por todo ello, ha confiado en que esta ley entre en vigor «antes de fin de año», ya que se basa en unas recomendaciones que fueron redactadas por «la mayoría de los grupos políticos, salvo dos».
Además, ha añadido, «viene avalado y respaldado por el diálogo social y eso ha de ser tenido en cuenta por todos los grupos en el Congreso», quienes tienen asimismo la posibilidad de mejorar la norma en su tramitación parlamentaria.
«Se trata de una razón de justicia tras una década de incertidumbre», ha dicho la portavoz del Gobierno.
Esta normativa volverá a vincular la revalorización de las pensiones a la inflación, una actualización que «quedó en suspenso con la reforma de 2013», de forma que «a partir de hoy ningún pensionista tendrá que preocuparse por su pensión», ha dicho la portavoz del Gobierno.
Así, ha detallado que las pensiones subirán según la inflación del año anterior y, en caso de un IPC negativo, la cuantía de estas prestaciones «se mantendrán», ha asegurado Rodríguez.
La portavoz ha apuntado además que esta norma deroga también el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma de 2013 y da un margen además para negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.
También establece incentivos para demorar la edad de jubilación, modifica los coeficientes reductores en los casos de jubilación anticipada y limita el acceso a la jubilación forzosa en los convenios colectivos.