El BBVA volverá a declarar el próximo 29 de noviembre en la Audiencia Nacional como persona jurídica investigada por supuesto cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por los trabajos de espionaje que la entidad encargo al excomisario de policía José Villarejo.
El juez Manuel García Castellón ha emplazado para esa fecha al director de los Servicios Jurídicos del banco, Adolfo Fraguas, que este miércoles ha respondido durante tres horas y media a todas las preguntas planteadas por el magistrado y los fiscales, ante los que ha defendido que de los hechos investigados no se deriva ninguna responsabilidad para el BBVA.
Así lo ha explicado la entidad en una nota de prensa, en la que recuerda que el proceso continúa bajo secreto de sumario y reitera su compromiso con la justicia, con la que ha colaborado de forma «proactiva» desde el inicio de la causa aportando documentación y el propio informe «forensic» elaborado por Garrigues, Uría Menéndez y PwC.
No lo han hecho así cinco de sus altos cargos que ayer se negaron a declarar ante el juez.
«Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos, como hemos hecho hasta ahora. Somos un banco con fuentes valores y principios que guían nuestro comportamiento cada día», ha incidido el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.
Tal como apuntaban fuentes jurídicas, Fraguas no se ha acogido al derecho a no declarar que le asiste como investigado, como sí han hecho la mayor parte de los imputados en esta causa con el argumento de que la pieza en la que se investiga la relación del banco con Villarejo continúa bajo secreto.
De este modo, ha seguido la misma línea del expresidente del BBVA Francisco González, que este lunes accedió a prestar declaración en su citación como investigado; lo hizo para desvincularse del excomisario y defender la actuación de la entidad, más allá de alguna conducta individualizada que, de confirmarse, podría tener reproche penal.
La del BBVA es la novena pieza del caso Tándem y gira en torno a las contrataciones que habría realizado el banco desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad y que finalmente no tuvo éxito.
