La presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) bancaria europea, Elke König, -quien en 2017 ordenó la resolución del Banco Popular con la pérdida total de la inversión para accionistas y bonistas- se mostró este lunes «escéptica» sobre el impuesto a la banca propuesto por el Gobierno español dentro de las medidas para afrontar la crisis energética y defendió que la rentabilidad es «el mejor escudo» de las entidades financieras.
«No creo que haya entendido perfectamente cuál es la intención aquí», ha respondido König preguntada por la iniciativa durante un encuentro con prensa tras la conferencia anual de la JUR en Bruselas, la última con la economista alemana al frente de la institución, puesto que su mandato termina el próximo 22 de diciembre.
König ha dicho que, si bien la lógica parece ser que los bancos presten apoyo ahora puesto que ellos lo recibieron durante la crisis financiera, «la rentabilidad de un banco es su mejor escudo para no caer en problemas», por lo que ha criticado el «ponerse a elegir quién y cuándo realiza beneficios».
«Desde mi punto de vista es muy simple: los bancos son un negocio privado como cualquier otro y el mismo trato significa que tributen por sus beneficios, no que reciban un trato extra ni un trato peor. Esa sería mi postura normal», según König, quien ha agregado que «ahora todos los políticos están luchando para abordar la crisis y al mismo tiempo encontrar los fondos para gestionarla».
La medida, que se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados, establece un impuesto del 4,8 % sobre los ingresos por comisiones e intereses netos para aquellos bancos que en 2019 tuviesen unos ingresos de más de 800 millones por este concepto en 2019, con el fin de aumentar la contribución de estas entidades a financiar las políticas contra la inflación.
«Las grandes empresas energéticas y financieras pueden y deben ayudar al país a salir de esta situación igual que España ayudó a los bancos», ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esta medida, con la que su Ejecutivo prevé recaudar 3.000 millones en dos años.
