El conseller de Interior de Cataluña, Joan Ignasi Elena, ha pedido al Gobierno que prorrogue la moratoria de los desahucios de personas vulnerables, que vence el 9 de agosto, para evitar una «situación límite». Por lo tanto, esta nueva petición de los independentistas catalanes al Gobierno de Sánchez seguro que sale adelante. Otra cosa, es que la hubieran pedido Galicia, Andalucía, Murcia o Castilla y León.
Ha dicho que si el Gobierno no prorroga la moratoria que impide los desahucios de personas vulnerables se llegará a una «situación límite», por lo que ha pedido que alargue esta medida más allá del próximo 9 de agosto, al igual que prevé hacer el ejecutivo central prologando la vigencia de los ERTES.
Respecto a la actuación de la policía catalana en los desahucios -uno de los principales puntos de fricción entre el ejecutivo y su socio de la CUP-, ha propuesto que se centralice la toma de decisiones, ahora en manos de las comisarías territoriales, para tener un «criterio único» para decidir a qué efectivos se envía a cada lugar.
Elena ha defendido el papel de los Mossos, asegurando que son una de las instituciones más «apreciadas» por los ciudadanos, que no los ven como «un enemigo», como cree que se evidenció durante los disturbios tras el encarcelamiento por el rapero Pablo Hasel, en que se produjeron imágenes «inaceptables» de violencia en las calles, ante las que la policía «debe intervenir».
