Obligar a las víctimas de accidentes de tráfico a tributar por la indemnización que perciban de las aseguradoras es un «ataque frontal» a la base del sistema asegurador, que añade «un nuevo perjuicio» al afectado y contribuye a aumentar los litigios.
Según ha explicado hoy el Consejo General de Mediadores, esta tributación, que se incluye en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal que prepara el Gobierno, se producirá solo si la víctima consigue la indemnización a través de un pacto amistoso, pero no en las que se cobren tras llevar el caso a los tribunales.
El Ejecutivo quiere que en los casos en los que se llegue a un acuerdo amistoso se exija la intervención de un «tercero neutral» que haga de mediador y que el acuerdo se eleve a escritura pública, lamentan los mediadores.
Esta redacción normativa obligaría a formalizar ante notario los acuerdos extrajudiciales, con el nuevo perjuicio económico que puede implicar, lo que dificultaría cerrar acuerdos de forma amistosa, explican.
La medida «no tiene sentido y es fruto de la ignorancia de los principios básicos del seguro», al tiempo que afectaría al principio de restitución íntegra del daño.
Las indemnizaciones que reciben las víctimas «nunca son un incremento patrimonial ni una obtención de renta, sino un resarcimiento de un perjuicio que solo busca reponer en el mismo estado en el que se encontraba la víctima antes del siniestro, y de no conseguirlo, paliar su perjuicio económico».
Además, aumentaría la carga de trabajo de los tribunales, ya de por si congestionados, al disparar la presentación de litigios con el objetivo de evitar el pago del impuesto, añaden.