Eso es lo que proponen los promotores inmobiliarios. Quieren que el Estado avale hipotecas para jóvenes del 95 % del precio de la vivienda, como instrumento para resolver el problema estructural de la emancipación de los jóvenes y contribuir con ello a la reactivación económica.
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), Juan Antonio Gómez-Pintado, ha explicado en la cumbre de la CEOE que la fórmula es inédita en España, pero que en Reino Unido y Francia ha funcionado «magníficamente», y ha apuntado que con la construcción de 350.000 viviendas las arcas públicas ingresarían más de 15.000 millones «sin poner un euro, solo firmando un acuerdo con los bancos».
Convencido de que el sector residencial, por su salud financiera, puede ser uno de los pilares fundamentales de la recuperación de la crisis del coronavirus, ha recordado que solo el 17 % de los menores de 35 años puede emanciparse, a causa del desempleo y la inaccesibilidad de la vivienda, con el consiguiente impacto en las cuentas publicas y pensiones.
Su iniciativa la han respaldado expresamente Víctor García Brosa, presidente de la agrupación de productores de cemento (Oficemen), y Luis Rodulfo, de la Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco).
Rehabilitar 120.000 viviendas al año
El presidente de Oficemen también ha abogado por un plan público de vivienda social para alquiler a largo plazo y otro de rehabilitación de edificios públicos y privados dirigido al aislamiento térmico y la eficiencia energética.
García Brosa ha incidido en que cada euro invertido en construcción devuelve 49 euros al Estado y ha reclamado un impulso a las infraestructuras relacionadas con Agenda 2030 y con el ‘Green Deal’ europeo.
De rehabilitación inmobiliaria también ha hablado Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que agrupa a pequeñas y medianas constructoras, para quien destinar 2.000 millones de euros en rehabilitar 120.000 viviendas al año generaría riqueza por valor de 52.000 millones.
Lazcano, que ha defendido la necesidad de revisar el sistema de financiación de las infraestructuras para fomentar el modelo de concesión, ha demandado un plan de recuperación consensuado con la oposición y que tenga en cuenta las aportaciones de los empresarios. También unos Presupuestos Generales del Estado que refuercen la inversión pública, aprovechando los fondos europeos y la relajación del cumplimiento del déficit.
Ha destacado que Seopan acaba de presentar un plan de inversiones de 157.000 millones para la década 2020-2030 relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que la Asociación Española de Carreteras (AEC) que él preside acaba de presentar otro de carreteras verdes y seguras que impulsaría la estrategia de movilidad sostenible con 32.000 millones y absorbería un millón de empleos.
Viviendas en alquiler a 500 euros
En nombre de Cepco, su presidente ha considerado «imprescindible medidas más técnicas que políticas en aras de buscar más eficacia»; ha respaldado «todo lo que sea inyección de liquidez, flexibilidad tributaria y prolongación de ERTE» y ha pedido «imaginación», «prudencia» y «agilidad».
También ha apoyado la propuesta de la APCE para los jóvenes y la de un plan especial para alquiler con renta social, y ha sostenido que «liberando suelo público se pueden construir 50.000 viviendas a 500 euros con opción a compra».
El sector inmobiliario necesita liberalización y de flexibilización, no ayudas
El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, ha subrayado que, mientras que el turismo, el transporte y la automoción son los sectores que más ayudas requieren, en el inmobiliario lo que necesitan son medidas de liberalización y de flexibilización de su actividad y de «nivelación del terreno de juego» para seguir creando riqueza y empleo.
En alusión sin nombrarlo a Unidas Podemos, ha llamado a «no atacar ni modificar el régimen socimi», que a su juicio ha modernizado el sector y atraído a España «un montón de inversión extranjera», sino a profundizar en su desarrollo y homologarlo con países del entorno.
A ese respecto, ha indicado que sería «muy importante la neutralidad fiscal de aportaciones de activos a una socimi a cambio de capital», lo que en Estados Unidos -ha dicho- dio lugar a un aumento significativo de este tipo de vehículos y fomentaría que «el ahorro privado en España no sea solo en planes de pensiones».
El presidente del grupo de ingeniería Ayesa, José Luis Manzanares, ha opinado que en los concursos debería primar el mantenimiento del empleo y ha pedido un «buen trato fiscal» para los trabajos que realizan en el exterior.
Tras recordar que la crisis anterior fue «muy cruel» con la ingeniería, ha dicho que el Gobierno debe seguir invirtiendo en infraestructuras y que el sector debe transformarse digitalmente.