La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado progresar al tercer grado o régimen abierto al que fuera presidente de Bankia Rodrigo Rato, condenado por el caso de las tarjetas «black», han informado este martes a Efe fuentes penitenciarias, pese a que cumple con todos los requisitos para ello porque lleva en la cárcel más de una cuarta parte de su condena.
La Junta de Tratamiento de la cárcel madrileña de Soto del Real, donde permanece recluido, propuso hace unos días el tercer grado para Rato, porque cumple con todos los requisitos para ello, aunque la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias era quien debía tomar finalmente la decisión, para la que tenía un plazo de dos meses.
Instituciones Penitenciarias, en manos de un íntimo de Manuela Carmena
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está dirigida por Ángel Luis Ortiz González, un hombre próximo a Manuela Carmena y a la asociación izquierdista Jueces para la Democracia, méritos suficientes para que en 2015 la entonces alcaldesa lo nombrará director de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Madrid. Ese cargo lo desempeñó hasta 2018, cuando Marlaska lo nombró secretario general de Instituciones Penitenciarias.
Las fuentes han precisado que la propuesta de la Junta tuvo una votación muy ajustada, casi de empate entre quienes apoyaban el tercer grado para Rato y los que proponían mantenerle en segundo grado, el régimen habitual de los presos.
Rato sigue en la cárcel porque, pese a cumplir con los requisitos del tercer grado, Instituciones Penitenciarias defiende que puede ser condenado a más años por los procesos judiciales que aún tiene pendientes el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno con el PP. Esos juicios aún no han terminado y no hay ninguna condena, por lo que la vulneración de sus derechos parece muy clara y su presunción de inocencia, hasta que sea declarado culpable, borrada.
Rato es el único condenado por el caso de las tarjetas opacas que aún permanece en segundo grado, ya que el resto se encuentra en régimen abierto, tal y como han recordado las mismas fuentes.
El expresidente de Bankia, que tan sólo ha disfrutado de dos permisos de salida, lleva en la cárcel desde el 25 de octubre de 2018 para cumplir una condena de cuatro años y medio de prisión por el escándalo de las «black» de las que devolvió todo el dinero utilizado en su condición de máximo dirigente del banco. Otros presos, como los del procés catalán, que aprovechan sus permisos para insultar al Estado español, ya disfrutan de ese régimen de semilibertad a pesar que que fueron condenados a penas mucho más altas por delitos de sedición contra el Estado.
Dentro de seis meses, como es preceptivo, Instituciones Penitenciarias revisará su clasificación.
