La expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez inaugura este miércoles la ronda de declaraciones de los testigos del caso que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, incluidos sus presidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho.
Rodríguez, que dirigió el organismo supervisor durante cuatro años, entre finales de 2012 y octubre de 2016, responderá a las preguntas del juez instructor del caso, José Luis Calama, de la Fiscalía Anticorrupción y del resto de las partes, que previsiblemente se interesarán por cómo se desarrolló la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros.
La operación, que tuvo lugar en la primavera de 2016, centra la primera de las dos piezas separadas de las que se compone el caso; por su parte, la segunda hace alusión a los 108 días de mandato de Saracho por una posible manipulación del mercado, tras la publicación de noticias con datos e informaciones supuestamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
Sobre estos extremos se pronunció Rodríguez durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre el origen de la crisis financiera, ante la que defendió la actuación de la CNMV.
La que fuera presidenta de Tragsa explicó que, ante la ampliación de capital del Popular, con un valor de 2.500 millones con derechos de suscripción preferente, el organismo extendió la prohibición de ventas en corto que existía en el mercado para que «llegara a buen término», y exigió a la entidad la inclusión en el folleto de la referencia a que los derechos preferentes eran productos complejos.
También se requirió la entrega de un tríptico en su comercialización que recogiera los riesgos, que debía de ser firmado por los inversores, como medidas de «supervisión preventiva» para «evitar malas prácticas».
Sobre el folleto, reconoció que el documento que presentó el banco «no contenía referencias» a la operación, aunque sí lo hacía en una nota de valores posterior, por lo que se generaron «múltiples advertencias» en el proceso, ya que hubo «peculiaridades que no se habían dado con anterioridad».
La CNMV, expresó ante los diputados, que solicitó al Banco de España que informara de estos extremos, aflorando entonces el presunto déficit de provisiones de 4.700 millones que se recogió en las advertencias, así como las hipotéticas pérdidas de 2.000 millones en el año a contrarrestar con la ampliación de capital, la suspensión del pago de dividendos y la venta de activos no estratégicos.
Con Rodríguez, el juez dará por iniciadas las testificales de un caso que en los próximos meses conocerá los testimonios de otras figuras destacadas del panorama económico de aquel momento, como el del exministro de Economía Luis de Guindos.