El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, reclama al Ejecutivo central el traspaso de todas las competencias en materia de carreteras a Cataluña con el objetivo de implementar, cuando acaben las concesiones todavía en vigor, el sistema de viñeta, es decir, el pago por el uso de todas las carreteras, en la región española que ya tiene de por sí los impuestos más altos de España por las competencias autonómicas.
En una entrevista concedida a EFE, Puigneró señala que el Gobierno catalán apuesta por el modelo de viñeta, una suerte de tarifa plana para poder circular, pero ha dicho que «no sería razonable» que este sistema se aplicara solamente en las vías gestionadas por la Generalitat y no en las que tiene competencias el Estado.
Por ello, pide «el traspaso de todas las vías del Estado a Cataluña para poder implementar un sistema homogéneo de viñeta, que haría posible una solución integral para todas las carreteras».
El vicepresidente catalán y hombre fuerte de JxCat en el Govern se expresa así a pocos días de que el próximo 31 de agosto finalicen las concesiones de cinco tramos de vías rápidas que pasan por Cataluña.
Tres de ellos pertenecen a vías de titularidad estatal: dos en la AP-7 (entre Tarragona y La Jonquera y entre Montmeló y El Papiol) y uno en la AP-2 (entre Zaragoza y El Vendrell).
Y otros dos tramos corresponden a la C-32 (entre Montgat y Palafolls) y la C-33 (entre Barcelona y Granollers), vías cuya competencia pertenece a la Generalitat.
«Siempre hemos defendido el sistema de viñeta, quien no lo ha querido es el Estado. Pero no sería razonable que pusiéramos un sistema de viñeta solo en las infraestructuras viarias de la Generalitat», indica Puigneró.
Por ello, «en primer lugar» el Govern solicita el traspaso de todas las carreteras y «a partir de aquí» comenzaría a aplicar el sistema de viñeta.
«Nosotros hemos puesto sobre la mesa el proyecto de la euroviñeta, una propuesta que el Estado nunca ha comprado ni se ha mostrado de acuerdo con ella. Pero el tiempo apremia y si ellos no van a tomar una decisión, es muy sencillo: que nos traspasen las carreteras a la Generalitat, como en el País Vasco», insiste.
Además, Puigneró avisa que «el gran reto» una vez deje de haber peajes será cómo mantener en buen estado las carreteras.
«No nos podemos permitir el lujo de un mantenimiento mínimo y defectuoso, porque iría contra la seguridad vial», alerta el vicepresidente catalán.
Con el fin de las concesiones de la AP-2, la AP-7, la C-32 y la C-33 se liberarán 415 kilómetros de peaje en Cataluña, de forma que solo quedarán 130 kilómetros todavía en funcionamiento, según informa el departamento de la Vicepresidencia.
El primer traspaso de autopistas a la Generalitat se llevó a cabo en 1995, precisamente en las que ahora son la C-33 y la C-32 Norte, por un total de 66 kilómetros y con las concesiones que ahora expiran ya asignadas.
Una de las primeras consecuencias del fin de estas concesiones es la presentación por parte de Abertis de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 348 trabajadores, dado que Acesa e Invicat, filiales de este grupo, son las concesionarias de las citadas vías que hasta el 31 de agosto funcionan con peajes.
El pasado mes de mayo, el entonces conseller Damià Calvet afirmó en el Parlament que la viñeta, que definió como «un modelo de «tarificación ambiental finalista», permitiría recaudar entre 800 y 1.000 millones al año.
